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San Lorenzo celebró la primera subasta pública a viva voz de estorbos públicos en la historia de Puerto Rico. Vendió cinco propiedades en un día, sin intermediarios, con personal municipal. El 6 de mayo subasta 8 más desde $9,000.
Leer artículo →Registros corporativos, planillas federales y récords de propiedad revelan empresas privadas, fondos de inversión y vínculos no divulgados entre empleados del Centro para la Reconstrucción del Hábitat (CRH), la organización sin fines de lucro que administra $28 millones en fondos federales para propiedades abandonadas en Puerto Rico.
La Legislatura quiere crear más entidades, más procesos y más intermediarios para manejar los estorbos públicos. Mientras tanto, ciudadanos que intentan comprar propiedades abandonadas están siendo rechazados por un sistema que no reconoce sus propios datos.
La Legislatura de Puerto Rico tiene 10 medidas activas sobre estorbos públicos, desde Community Land Banks obligatorios hasta compra prioritaria de propiedades abandonadas. Todas asumen que existe un inventario completo de propiedades. No existe.
El CRH recibió $27.9 millones federales para contar casas abandonadas. Reportó cero empleados. Clasificó $5.4 millones como pago a insiders y familiares. No identificó a ninguno. Y el inventario no existe.
Estorbos.com cubre el sistema de estorbos públicos en Puerto Rico desde una perspectiva de transparencia ciudadana. Documentamos cómo los municipios cumplen con el Artículo 4.011 del Código Municipal, que les obliga a mantener un inventario público de propiedades declaradas estorbo público, y publicamos investigaciones sobre el uso de fondos públicos y el impacto de las propiedades abandonadas en las comunidades de los 78 municipios de la isla.
La Ley 107-2020, Código Municipal de Puerto Rico, establece el marco legal para la declaración y manejo de estorbos públicos. La Ley 114-2024 enmendó varios artículos clave para fortalecer el proceso. Los artículos principales son: el 4.008 que regula la identificación e inspección de propiedades, el 4.009 que establece la notificación al dueño con 30 días para oponerse, el 4.010 que cubre la declaración formal y los 60 días para remediar, el 4.011 que obliga a los municipios a mantener un inventario público con cinco datos específicos (ubicación, descripción registral con gravámenes y deuda con el CRIM, catastro, dueño o poseedor, y valor tasado), y el 4.012 que regula el proceso de adquisición por ciudadanos interesados.
Las propiedades abandonadas afectan la calidad de vida de las comunidades: bajan el valor de las propiedades vecinas, pueden convertirse en focos de actividad ilegal, y representan un riesgo de salud pública por acumulación de escombros y agua estancada. Sin embargo, la mayoría de los municipios no publican sus inventarios como requiere la ley. Estas noticias documentan el estado real del problema y hacen visible lo que los municipios no están reportando.
Si quieres entender cómo funciona el proceso de declaración de estorbo público o cómo adquirir una propiedad declarada como tal, visita nuestra sección de recursos con guías detalladas sobre cada paso.