Los millones perdidos del Centro para la Reconstrucción del Hábitat

Actualización (11 de marzo de 2026): Desde la publicación de este artículo, el CRH restringió el acceso a los mapas de ArcGIS citados en la investigación. Al 7 de marzo, todos los enlaces requerían login excepto el de Manatí. Al 11 de marzo, el de Manatí también fue restringido. Todos los enlaces ahora requieren login. El CRH no ha emitido respuesta pública. Los datos fueron extraídos y preservados antes de la restricción y están disponibles en Estorbos.com. Estorbos.com obtuvo además el contrato original de marzo del 2023, que revela los conteos de personal que la enmienda eliminó: 52 técnicos de campo, 16 coordinadores, 105 personas en total. Esos números ya no aparecen en la versión enmendada del contrato. Vivienda mantiene un dashboard público que reporta 50,350 propiedades inventariadas. Estorbos.com consultó el modelo de datos detrás de ese dashboard. No contiene registros individuales de propiedades. No tiene número de catastro, dirección física, nombre de dueño, coordenadas, ni datos de inspección. Contiene nombres de municipios con totales. El Artículo 4.011 de la Ley 107 requiere que el inventario de estorbos públicos incluya localización física, descripción registral, número de catastro, nombre del propietario y valor de tasación, y que se haga disponible al público. El dashboard no cumple con ninguno de esos requisitos.

Lo que encontró Estorbos.com

Si vives en Aguas Buenas, en Comerío, en Yabucoa, en cualquiera de los pueblos que María destrozó, tú sabes lo que es un estorbo público. Es la casa del vecino que se fue y nunca volvió. El techo que se cayó y nadie recogió. La estructura que se llena de agua cada vez que llueve, donde crían los mosquitos, donde se meten a usar drogas, donde los nenes van a jugar porque no hay otro sitio. Es el terreno que se convirtió en vertedero clandestino. Es el peligro al lado de tu casa que el municipio no tumba y el dueño no aparece.

Después de María esos estorbos se multiplicaron. Miles de propiedades se quedaron abandonadas por toda la isla. Para las comunidades que sobrevivieron la tormenta y se quedaron, esas estructuras son un recordatorio diario de lo que se perdió y de lo que nadie ha venido a arreglar.

El programa Vacant Property Assessment existe para eso. Fondos federales de recuperación de huracanes, canalizados por el Departamento de la Vivienda, para hacer lo que nunca se había hecho: ir pueblo por pueblo, calle por calle, propiedad por propiedad, documentar cada estorbo en los 78 municipios, crear un perfil de cada uno, reunirse con las comunidades, con los alcaldes, con la gente que vive al lado de esos escombros, y darle al gobierno la información que necesita para actuar. El contrato dice que el programa tiene el potencial de identificar estructuras que se pueden reparar y rehabilitar para reubicar familias en riesgo. Esas familias son reales. Viven en los barrios que llevan años esperando.

Ese contrato se lo dieron al Centro para la Reconstrucción del Hábitat. Casi veintiocho millones de dólares.

Esta es la historia de lo que pasa cuando tratas de averiguar a dónde fueron.

El fundador

Luis Orlando Gallardo Rivera llevaba años escribiendo columnas en El Nuevo Día. En una columna del 28 de agosto del 2015 salía identificado como "legislador municipal." En otra del 10 de septiembre del 2017 como "legislador municipal de Aguas Buenas," pidiendo que se legislara de manera uniforme para resolver el problema de los estorbos públicos. Diez días después pasó el huracán. Según la auditoría federal, el CRH se incorporó formalmente el 25 de noviembre del 2017, dos meses después de María. Gallardo no soltó el puesto de legislador municipal. En el 2020 se aprobó la Ley 107, el Código Municipal de Puerto Rico, que incluyó un proceso para que los municipios atendieran el problema de los estorbos públicos, exactamente lo que Gallardo llevaba años pidiendo desde sus columnas.

En marzo del 2023, Vivienda le soltó al CRH el contrato del VPA por $11,218,215.89 en fondos federales. Lo firmó Gallardo. En diciembre del 2024, Vivienda enmendó el contrato y le metió $16.7 millones más. Nuevo total: $27,895,347.67. Lo volvió a firmar Gallardo. También firmó la certificación de no conflicto de intereses.

Nada de eso es secreto. Los contratos son públicos. Las planillas de las organizaciones sin fines de lucro son públicas. Las auditorías federales son públicas. Lo que pasa es que nadie los había leído juntos. Estorbos.com los leyó. Página por página. Y lo que encontramos es que los documentos que esta organización le entregó al gobierno federal no cuadran entre sí. Y que cuando someten la próxima planilla, en vez de arreglar las contradicciones, las mueven de sitio.

Las planillas

El CRH ha sometido tres Form 990 al IRS. La planilla del 2022, antes del contrato VPA, reportó cero en compensación. La planilla del 2023, el primer año del contrato, subió a $2,098,909. La planilla del 2024 saltó a $5,446,425. De cero a $7.5 millones en dos años. Dinero que se supone que vaya a la gente que está en las comunidades contando propiedades, reuniéndose con vecinos, preparando los perfiles que le van a permitir al gobierno hacer algo con esos estorbos.

Ahora pasa a la Línea 5 de las tres planillas. Total de individuos empleados: cero. En las tres.

Pasa a la Parte V. Empleados reportados en el W-3 ante el IRS: cero. En las tres.

Siete millones y medio en compensación. Cero empleados. En tres planillas consecutivas. Firmadas por la misma persona.

Y se pone peor. Mira la Parte IX de cada planilla, que es donde se desglosa el gasto. En la planilla del 2023, los $2,098,909 aparecen en la Línea 5: compensación a oficiales, directores, fideicomisarios y empleados clave. La Línea 6, pago a personas descalificadas, dice cero. En la planilla del 2024, se invierte. La Línea 5 dice cero. Y los $5,446,425 completos aparecen en la Línea 6: "Compensation not included above to disqualified persons as defined under section 4958(f)(1)." El dinero se movió de una línea a otra, pero los nombres nunca aparecieron en ninguna.

Eso no es lenguaje genérico. La sección 4958(f)(1) del Código de Rentas Internas tiene una definición específica de quién es una "persona descalificada." Son las personas con influencia sustancial sobre la organización. El reglamento federal dice que esa categoría incluye a los miembros con voto de la junta directiva, al presidente o director ejecutivo, al tesorero, al fundador de la organización, y a los familiares de todos ellos: cónyuges, hermanos, hijos, nietos, y los cónyuges de esos familiares. También incluye a cualquier persona que controle el presupuesto operacional, la compensación de empleados, o que maneje una parte sustancial de las actividades de la organización.

Para el CRH, las personas descalificadas bajo esa definición son, como mínimo: Gallardo como fundador y presidente. Los tres miembros de la junta. Y los familiares directos de todos ellos.

Ahora ve a la Parte VII de cualquiera de las tres planillas, que es donde el IRS te obliga a poner los nombres de quién cobró, cuánto cobró, y cuántas horas trabajó. CRH puso las mismas tres personas en todas: Belines Ramos Negrón, presidenta de junta, diez horas a la semana, cero dólares. Edgar Gómez Cintrón, secretario, diez horas, cero dólares. Rafael Mejías Ortiz, tesorero, diez horas, cero dólares. Tres directores que no cobran nada. Más abajo las planillas preguntan: ¿cuántas personas recibieron más de cien mil dólares? Cero. ¿Alguna recibió más de ciento cincuenta mil? No.

Haz la cuenta. Son $7.5 millones que se pagaron en dos años. Tres directores a cero. Nadie sobre cien mil. En el 2023 el CRH clasificó esos pagos como compensación a oficiales y empleados clave. En el 2024 los reclasificó como pago a personas descalificadas. Pero en ninguno de los dos años identificó a una sola persona que haya cobrado. ¿Quién cobró? ¿Son familiares de Gallardo? ¿Son familiares de los directores? ¿Son entidades controladas por alguno de ellos? La planilla no lo dice. Lo único que dice es que cada centavo de compensación se le pagó a personas con influencia sustancial sobre la organización, a sus familiares, o a entidades que ellos controlan. Y que ninguna fue identificada por nombre.

En la Parte V de la planilla del 2024, la Línea 1a pregunta cuántos formularios 1096 se radicaron. Cero. Eso significa que tampoco sometieron un solo 1099 al IRS. Si la gente que cobró era contratista independiente, como el CRH le dijo a los auditores, tenían que haberle radicado 1099 a cada uno. No lo hicieron. Ni un W-2. Ni un 1099. Pero $5.4 millones salieron.

Hay que aclarar algo. El Form 990 pregunta específicamente por formularios federales: W-2, W-3, 1099, 1096. Puerto Rico tiene su propio sistema contributivo, y es posible que el CRH haya radicado formularios equivalentes ante Hacienda estatal. Pero incluso si lo hizo, eso no resuelve nada. El IRS requiere que toda organización exenta identifique por nombre y compensación a sus oficiales y empleados clave en la Parte VII del Form 990. No importa en qué jurisdicción radiques la planilla de nómina. Esas tablas están en blanco. Y el propio CRH le dijo a los auditores federales que su fuerza laboral no eran empleados estándar sino "proveedores de servicios profesionales." Si eran proveedores, no hay defensa de radicación ante Hacienda. Y si eran empleados, entonces le mintieron a los auditores.

Y fíjate en quién no sale. Gallardo. El que firmó las tres planillas como presidente. El que aparece como oficial principal en la primera página de todas. El que aparece como la persona que tiene los libros y récords de la organización guardados en su dirección personal en Aguas Buenas. Ese mismo tipo no aparece en la Parte VII de ninguna de las tres planillas. Ni como director, ni como oficial, ni como empleado clave, ni entre los cinco mejor pagados. No sale. Y la Parte VII del Form 990 requiere que se listen todos los oficiales y directores actuales de la organización, hayan cobrado o no. Los tres miembros de la junta aparecen a cero dólares. Gallardo, como presidente que firmó la planilla, tenía que aparecer también, aunque fuera a cero. No aparece. Esa ausencia no es un descuido. Es una decisión.

El espacio donde debería estar su nombre está en blanco. Y el recuadro del preparador de la planilla, el que dice "Paid Preparer Use Only," donde se supone que firme el CPA que la preparó, también está en blanco en las tres planillas. Sin nombre, sin PTIN, sin firma. Nadie la preparó. O nadie quiso poner su nombre. Tres años seguidos.

La Parte VI de la planilla del 2024 pinta un cuadro todavía más claro. ¿Tiene la organización una política de denuncias (whistleblower)? No. ¿Política de retención de documentos? No. ¿La compensación del director ejecutivo fue revisada por personas independientes con datos comparables? No. ¿Se monitorea y se hace cumplir la política de conflictos de interés? No. ¿Se documentan las decisiones de los comités con autoridad para actuar? No. Eso no es una organización que maneja $28 millones federales. Eso es una organización que no quiere que nadie vea cómo se manejan. Y esas mismas respuestas aparecen en la planilla del 2023.

Ahora vamos a los contratos: el original y su enmienda.

El contrato

El contrato original entre Vivienda y CRH tiene un Exhibit C que se llama Key Personnel. Ahí están todas las posiciones del programa: Project Director, Project Subdirector, Finance Director, Compliance Manager, Lead Attorney, Communications Director, coordinadores, técnicos de campo, paralegales, analistas GIS, contadores. Más de veinte puestos. Seis páginas describiendo lo que hace cada uno. Esta es la gente que se supone que esté en tus barrios contando casas abandonadas, reuniéndose con tu alcalde, hablando con tus vecinos.

¿Y los nombres? No hay. Ni uno. Pero el contrato original sí dice cuántos se supone que haya. El Exhibit C incluía columnas para "Personnel Count" y "FTE Count," el número de personas en cada puesto. Los números: 52 técnicos de campo. 16 coordinadores regionales. 12 paralegales. 6 abogados. 2 asistentes administrativos. 2 diseñadores. 2 analistas GIS. 2 contadores. 2 representantes de call center. Más los directores. En total, 105 personas. Eso es lo que el contrato describía como la fuerza laboral del programa.

La enmienda de diciembre del 2024 eliminó esas columnas deliberadamente. La página 7 de la enmienda lo dice en texto claro: "Remove Personnel Count and FTE Count from the exhibit." Los 52 técnicos de campo se convirtieron en una línea de presupuesto que dice "Field Technicians" con un FTE de 1.00 y un costo de $28,913.20 por semana. Cincuenta y dos personas reemplazadas por un número. No es una omisión. Es una decisión editorial que hace imposible saber cuántas personas se supone que estén trabajando en cada posición.

El contrato original también dice algo importante sobre esos trabajadores. La sección de Staffing establece que "the staff who will support the Program activities... shall solely perform those tasks and shall be remunerated hourly." Remunerados por hora. Pero las planillas del CRH reportan cero W-2 y cero 1099. Si les pagaban por hora, ¿dónde están los formularios?

La tabla de presupuesto de la enmienda muestra lo que cuestan las posiciones después de borrar el conteo de personas: Field Technicians a $28,913.20 por semana. Paralegals a $14,776.40. Coordinators a $15,306.00. Attorney II a $12,848.00. Administrative Assistants a $5,022.00. Un total de $109,759.24 semanales en nómina, $14,543,099.30 para el periodo completo del contrato.

Y esa es la misma fuerza laboral que no existe en las planillas. El mismo Gallardo que firmó el contrato describiendo 105 personas es el mismo Gallardo que firmó los Form 990 reportando cero empleados, cero W-2, cero 1099, y $7.5 millones a personas que nadie identificó. No es una contradicción entre los documentos y el sentido común. Es una contradicción entre dos documentos federales, firmados por la misma mano, que no pueden ser ciertos los dos a la vez.

Y esa gente existe

Estorbos.com revisó perfiles públicos en LinkedIn y encontró al menos siete personas que se identifican como personal del CRH. Un director de IT que trabajó desde abril del 2023 hasta septiembre del 2025. Dos coordinadores regionales, uno desde mayo del 2022 y otra desde agosto del 2023. Una directora de política pública desde junio del 2022. Una administradora. Un abogado que también aparece como tesorero del Fondo CRH. Y el propio Gallardo como director ejecutivo. Personas reales, con nombres y apellidos, que dicen públicamente que trabajan o trabajaron para el CRH en posiciones que cuadran con las categorías del contrato: IT Director a $1,020 por semana, Coordinators a $15,306 por semana como grupo, Administrator a $816 por semana. Pero ninguna de esas personas aparece en la Parte VII de ninguna de las tres planillas. Ninguna. El CRH tiene empleados que se identifican públicamente como tales, que cuadran con las líneas de presupuesto del contrato federal, y que son invisibles en los documentos que el IRS requiere para rendir cuentas.

Ahora entiende cómo fue posible que nadie lo notara.

Cómo fue posible que nadie lo notara

Desde marzo del 2023 hasta diciembre del 2024, Vivienda le pagaba al CRH por unidades entregadas. $908.29 por cada reunión del programa. $178.95 por cada propiedad inventariada, $89,475 por cada paquete de 500. Así facturó el CRH los primeros $8 millones: por producto, no por nómina. La mayor parte del presupuesto original, $8.9 millones de los $11.2 millones, estaba asignada al inventario a $178.95 por propiedad. Incluso si solo la mitad de los $8 millones gastados fue por inventario, eso representaría más de 22,000 propiedades reclamadas como inventariadas. Los mapas del CRH muestran 2,275. Bajo ese sistema, Vivienda no estaba auditando quién estaba en la planilla del CRH. Estaba contando reuniones y paquetes de propiedades. El método de pago hacía invisible el problema de los cero empleados. Si me entregas quinientas fichas de propiedades, yo te pago. Quién las hizo, cómo les pagaste, si existen como empleados o como fantasmas en una planilla federal, eso no entraba en la ecuación.

Y había otro problema. Bajo el contrato original, el CRH entregaba los datos del inventario por enlace de nube o dispositivo removible. Vivienda recibía los archivos pero no tenía visibilidad en tiempo real de lo que el CRH estaba produciendo. La enmienda cambió eso: ahora los datos tienen que residir en los servidores de Vivienda (MS Azure y ESRI Enterprise). Pero durante los 21 meses en que se gastaron los primeros $8 millones, la data vivía donde el CRH la pusiera y Vivienda solo veía lo que el CRH le entregaba.

Pero en diciembre del 2024, el mismo momento en que el contrato saltó de $11.2 a $27.9 millones, el método cambió. La enmienda lo dice textualmente: a partir del 16 de diciembre del 2024, el costo se factura usando el "cost reimbursement method." Eso significa que ahora el CRH tiene que facturar cada dos semanas, posición por posición, $109,759.24 en staffing documentado. Cada dólar tiene que cuadrar con un gasto real. La persona tiene que existir. El cheque tiene que existir. El récord tiene que existir. El sistema que permitió que los primeros ocho millones fluyeran sin que nadie mirara la nómina acaba de terminar. Y el sistema nuevo requiere exactamente la documentación que, según las tres planillas del CRH, no existe.

La auditoría

La auditoría federal lo pone peor.

Los auditores revisaron el año 2023 y confirmaron que $2,088,196 se movieron en salarios. Revisaron 35 récords de nómina. En tres de esos treinta y cinco, lo que le pagaron a la persona no cuadraba con su récord de asistencia. ¿La explicación del CRH? Que estaban en "transición de una fuerza laboral compuesta primariamente de proveedores de servicios profesionales a una de empleo estándar." O sea, admitieron que la gente que cobraba no eran empleados. Eran contratistas. Pero si eran contratistas, ¿por qué la tabla de los cinco contratistas independientes sobre cien mil dólares en las tres planillas está en blanco? ¿Y por qué la planilla del 2024 dice que se radicaron cero formularios 1099?

Los auditores encontraron más. El CRH no tenía controles internos para preparar sus estados financieros a tiempo. Los récords no tenían detalle suficiente para respaldar los números en los libros. Hubo que hacer "ajustes significativos." El CRH había dejado de preparar minutas de sus reuniones porque la constitución de la organización no lo requería. Y sometió la auditoría tarde, lo cual por sí solo puede resultar en suspensión de fondos federales.

El veredicto: debilidad material. Deficiencia significativa. No cualificó como entidad de bajo riesgo.

Y Vivienda leyó esa auditoría y le añadió $16.7 millones al contrato. Dieciséis millones más a una organización que los auditores dijeron que no podía llevar sus propios libros.

Lo que sí está claro es el gasto. $8,002,266.44 en costos incurridos desde marzo del 2023 hasta julio del 2024, según el propio contrato enmendado. Ocho millones de dólares en dieciséis meses. La planilla del 2024 muestra $8.4 millones más en fondos de gobierno recibidos solo ese año. Y quedan $19.9 millones más autorizados hasta junio del 2027.

En la planilla del 2023, el CRH reportó $714,944 en "management fees" pagados a un contratista de afuera. Setecientos catorce mil dólares. La parte de la planilla donde tienes que identificar a tus contratistas grandes estaba en blanco. En la planilla del 2024, los management fees bajaron a cero. No sabemos quién cobró los $714,944. No sabemos qué servicio dio. No sabemos por qué desapareció el gasto al año siguiente. Solo sabemos que se pagó y que nadie fue identificado.

Y después está Fondo CRH Inc., una entidad afiliada donde Gallardo también es presidente. Su planilla 990-EZ reporta cero en todo. Cero ingresos, cero gastos, cero activos. Lo único que hizo fue solicitar una licencia de préstamos ante el regulador estatal. Pero en la página del CRH, el Fondo sale promovido como un proyecto real, con plan de obtener $3 millones en capital, ofrecer líneas de crédito a bancos de tierras comunitarias, y facilitar la rehabilitación de propiedades para vivienda asequible. Grandes planes en la página. Cero dólares en la planilla. Y cuando la planilla del 2024 del CRH le pregunta si está relacionada a alguna entidad exenta de impuestos, la respuesta es no. El Fondo CRH no existe cuando le conviene.

El inventario que no existe

Gallardo lleva años posicionándose como la voz experta en el tema. Escribió columnas pidiendo legislación uniforme para los estorbos. Fundó la organización que se presenta como la única dedicada al problema. Escribió en El Vocero que el Censo estimaba sobre 370,000 casas vacantes y otras 300,000 en ruinas o abandonadas, "representando en conjunto una de cada tres viviendas." Él conoce el problema mejor que nadie. Y cuando le dieron casi treinta millones de dólares federales para crear la herramienta que se supone que le dé a las comunidades la información que necesitan, el producto no está.

Acuérdate de lo que se supone que haga este programa. Contar propiedades. Crear una base de datos a nivel de barrio para cada municipio. Reunirse con las comunidades. Producir informes finales. Eso es lo que están pagando con los $27.9 millones. El contrato original establecía una meta de 50,000 propiedades a un ritmo de 2,500 por mes. La enmienda subió la meta a 109,000 propiedades en los 78 municipios, con 4,000 perfiles por mes. De 50,000 a 109,000 en propiedades. De $11.2 a $27.9 millones en dinero. Después de cero informes finales entregados.

Y el propio contrato admite algo que el gobierno preferiría que no leyeras. En la sección de Final Reports del Exhibit D, el documento dice textualmente: "No Final Reports were invoiced during the first year of the SRA period." Ni un solo informe final. En todo el primer año. Ocho millones de dólares gastados y el producto principal que se supone que reciba cada municipio, el informe final con su inventario completo de propiedades, no se entregó ni uno. Y después de leer eso, Vivienda le añadió $16.7 millones al contrato.

Entra a crhpr.org. La página del VPA tiene cuatro oraciones describiendo el programa y un enlace a recuperacion.pr.gov. No hay base de datos. No hay mapa. No hay un buscador donde puedas poner tu barrio y ver qué propiedades se han inventariado al lado de tu casa. Nada.

Vivienda sí mantiene un dashboard público en recuperacion.pr.gov que dice que se han inventariado 50,350 propiedades en 77 de 78 municipios. Estorbos.com consultó el modelo de datos detrás de ese dashboard. Es un panel de Power BI que contiene nombres de municipios con totales. No contiene registros individuales de propiedades. No tiene número de catastro, dirección física, nombre de dueño, coordenadas, ni datos de inspección. Un vecino puede ver que en su municipio se reportan, por ejemplo, 1,646 propiedades. Pero no puede verificar ni una sola. No puede saber si la casa abandonada al lado de la suya está en la lista. No puede buscar por barrio, por calle, por parcela. Es un número sin respaldo visible. Y cuando comparamos los totales del dashboard con los datos que el propio CRH tenía en sus mapas de ArcGIS, los números no cuadran. En Mayagüez, el dashboard dice 1,646 propiedades. Los mapas del CRH tenían 55. En Vega Baja, el dashboard dice 786. Los mapas tenían 348. En Yauco, el dashboard dice 793. Los mapas tenían 1,167, más de lo que el dashboard reporta. Donde los datos del CRH sí coinciden con el dashboard es en los municipios más pequeños: Hormigueros, Florida y Culebra. Pero en los más grandes, la diferencia es de cientos o miles de propiedades que no aparecen en ninguna base de datos verificable.

El Artículo 4.011 de la Ley 107 establece lo que debe contener un inventario de propiedades declaradas como estorbo público: localización física, descripción registral, número de catastro, nombre del propietario y valor de tasación. Requiere que se actualice trimestralmente y que se haga disponible al público en la plataforma digital del municipio. El dashboard de Vivienda no contiene nada de eso. Los mapas del CRH que cerraron tampoco lo contenían. Tres años después de firmar el contrato y más de ocho millones de dólares gastados, no existe un inventario que cumpla con lo que la ley exige.

Lo que sí tiene la página son descripciones bonitas. Dice que han trabajado con 14 municipios. Habla de guías comunitarias, de bancos de tierras, de participación ciudadana, de transparencia. Se describe como "la única organización 501(c)(3) en Puerto Rico dedicada exclusivamente" al problema de las propiedades abandonadas. La voz experta. La referencia obligatoria. La organización que trabaja "mano a mano" con las comunidades.

Pero el inventario que la ley requiere no está.

Los números que el gobierno ha dado públicamente tampoco cuadran entre sí. En mayo del 2024, el secretario de Vivienda William Rodríguez Rodríguez le dijo a El Vocero que se habían identificado unas 25,000 propiedades. También dijo que los datos no se le habían entregado a los municipios todavía. En septiembre del 2024, el mismo secretario le dijo a Primera Hora que el número era 37,225 propiedades vacantes. En diciembre del 2024, el CRH le dijo a Filantropía Puerto Rico que había trabajado con "alrededor de 26,000 propiedades vacantes." Tres números distintos en menos de un año. Y tres meses después del número más alto, Vivienda le añadió $16.7 millones al contrato y subió la meta a 109,000.

Quién sí lo está haciendo

¿Y sabes quién sí tiene inventarios que funcionan? Los municipios que lo hicieron por su cuenta. San Juan tiene el suyo con dirección, número de catastro, estatus del caso, y enlace para ver cada propiedad en el mapa. Guaynabo tiene el suyo con la misma información. Estorbos.com tiene el suyo, con los datos que nosotros mismos recopilamos y los que encontramos en los mapas del CRH. Público. Ahí. Para que cualquier vecino lo busque por pueblo. Sin veintiocho millones de dólares federales.

El vicealcalde de San Juan, Israel Alicea Luciano, le dijo a El Vocero que ellos no estaban esperando por el ejercicio de Vivienda. Que ya tenían su programa corriendo. El alcalde de Villalba, Luis Javier Hernández Ortiz, presidente de la Asociación de Alcaldes, sugirió en la misma nota que Vivienda simplemente les pida a los municipios los listados que ya levantaron. Mientras tanto hay gente con vouchers de CDBG-DR aprobados que no consiguen propiedades donde usarlos.

Los mapas que no querían que vieras

Estorbos.com decidió verificar por su cuenta.

El CRH tiene mapas en ArcGIS con datos del programa VPA. No están publicados en su página. No hay enlace desde crhpr.org ni desde recuperacion.pr.gov. No los hicieron públicos a propósito. Alguien los creó y se le olvidó ponerlos en privado. Pero ahí están. Algunos actualizados tan recientemente como febrero del 2026.

Revisamos cada capa de datos disponible. Siete municipios: Manatí, Yauco, Mayagüez, Culebras, Florida, Hormigueros y Vega Baja. Y lo que encontramos no son estorbos declarados. Son todas las entradas que el CRH tiene en sus mapas, de cualquier tipo, en cualquier categoría, incluyendo propiedades clasificadas como "bueno."

Manatí: 252 entradas. Yauco: 1,167. Mayagüez: 55. Culebras: 96. Florida: 106. Hormigueros: 251. Vega Baja: 348.

Total: 2,275 entradas en siete municipios. No todas son estorbos. Muchas son propiedades en condición regular o buena. Los estorbos reales serían una fracción de ese número.

Dos mil doscientas setenta y cinco entradas de todo tipo. Mientras el secretario de Vivienda le dice a la prensa que hay 37,225 propiedades identificadas. Mientras el contrato salta de $11.2 a $27.9 millones para cubrir 109,000. Y mientras el CRH tuvo que haber entregado decenas de miles de propiedades inventariadas a $178.95 cada una para justificar los millones que cobró. Lo que el CRH tiene documentado en sus propios mapas es el 6% de lo que el gobierno le dijo a Primera Hora. Y el 2% de la meta del contrato enmendado.

Y hay otro problema. El contrato dice textualmente que una de las tareas del CRH es "develop a methodology to create a database." Desarrollar una metodología. Una. Pues mira los mapas. Yauco tiene categorías de estatus: en evaluación, inspeccionado, declarado, vendidas, eliminadas, reclamada, tasados, tribunal, escritura. Mayagüez clasifica las propiedades como agree, neutral y disagree. Culebras, Florida, Hormigueros y Vega Baja usan clasificaciones de condición: bueno, regular, malo. Manatí tiene números sin categoría visible. Siete municipios, siete sistemas distintos. Eso no es una metodología. Eso es cada cual por su lado. Con veintiocho millones de dólares para crear un sistema uniforme.

Esa no es la cifra que nosotros le asignamos. Esa es la data que el propio CRH tiene en sus propios mapas que no quería que nadie viera. Los datos están en nuestra página para que cualquiera los verifique.

Lo que encontramos

Un contrato federal de $27.9 millones para contar casas abandonadas. Un contrato original que describía 105 personas incluyendo 52 técnicos de campo, cuyo conteo fue borrado deliberadamente en la enmienda. Cero empleados en tres planillas. $5.4 millones clasificados como pago a personas descalificadas, sin identificar a ninguna. Un presidente que firma todo pero no aparece en la tabla de oficiales que el IRS requiere, haya cobrado o no. Ningún CPA que firme la planilla en tres años. Una auditoría que encontró los libros en desorden y la nómina que no cuadra. Un presupuesto original donde $8.9 millones estaban asignados al inventario a $178.95 por propiedad, mientras los propios mapas del CRH muestran 2,275 entradas en siete municipios. Sin política de denuncias. Sin retención de documentos. Sin revisión independiente de compensación. Tres años y no hay un inventario con datos de propiedades individuales que un vecino pueda consultar, solo un dashboard con totales por municipio que no se pueden verificar. Municipios y una página web haciendo el trabajo solos y publicándolo gratis. Y el fundador, el que firmó todo, el que controla todo, invisible en cada tabla donde tendría que rendir cuentas.

El CRH se presenta como la voz de las comunidades afectadas. Dice que trabaja "mano a mano" con los residentes. Dice que promueve la transparencia y la participación ciudadana. Pero cuando buscas la transparencia en sus propios documentos, lo que encuentras son espacios en blanco. Cuando buscas el producto que le están pagando para entregar, no está. Y cuando accidentalmente dejan visible su propia data, lo que ves contradice todo lo que le han dicho al gobierno y a la prensa.

Cada documento citado en este artículo es público y está enlazado arriba. Las planillas Form 990 del 2022, 2023 y 2024 están en ProPublica Nonprofit Explorer, igual que la 990-EZ del Fondo CRH. La auditoría federal está en el Federal Audit Clearinghouse. El contrato original y su enmienda están en recuperacion.pr.gov. La Ley 107 está en LexJuris. El reglamento federal sobre personas descalificadas está en el Cornell Law Institute. Los mapas del CRH en ArcGIS están enlazados arriba por municipio. Desde la publicación de este artículo, el CRH restringió el acceso a todos. Los datos fueron extraídos antes de la restricción. Nuestro inventario está en Estorbos.com, ese sí lo puedes buscar por pueblo.

Los nombres no están en ningún sitio. Y el inventario que la ley exige tampoco.