¿A quién le reconstruyen el hábitat? Empresas privadas y vínculos no divulgados dentro del Centro para la Reconstrucción del Hábitat (CRH)

Tú conoces la casa. La de la esquina. La del techo hundido con los árboles creciendo por dentro. La que huele cuando llueve. Donde se crían las ratas, los mosquitos, las plagas que después terminan en tu casa, en la de tu vecina, en la de la señora de al lado que tiene 80 años y no puede hacer nada. De noche se mete gente. De día tus hijos pasan por el frente camino a la escuela.

Llevas años llamando al municipio. Llevas años esperando. Le escribiste. Fuiste en persona. Radicaste la petición que la Ley 107 te da derecho a radicar. Y nada. Te dieron excusas. Que falta un papel. Que hay que esperar. Que ese no es el proceso. Cualquier cosa menos dejarte adquirir esa propiedad que llevas años aguantando frente a tu casa.

Y la misma ley obliga a los municipios a publicar un inventario de cada propiedad declarada estorbo público. Actualizado cada tres meses. Público. Digital. Para que tú puedas ver qué hay disponible y actuar. Casi ningún municipio lo ha hecho.

¿Por qué? ¿Por qué prefieren dejar esa propiedad pudriéndose, criando plagas, devaluando tu casa, amenazando tu salud, antes que dejarte a ti hacer algo?

Y no es solo el municipio. También están los inversionistas de afuera que llegaron en oleada aprovechando las exenciones contributivas de la Ley 60. Compraron propiedades por toda la isla para no pagar taxes. Muchas las dejaron abandonadas. No viven ahí. No les importa tu calle. Pero esa oleada de compras disparó los precios de las propiedades en Puerto Rico más de un 27% en un solo año. Los precios más altos en la historia desde que se miden. Un puertorriqueño trabajando en su propia isla ya no puede comprar una casa en su propio barrio. Y los inversionistas ni necesitan arreglar las propiedades que compraron porque el mercado que ellos mismos inflaron les sube el valor sin martillar un clavo. Tú vives al lado de la plaga. Ellos cobran desde Miami.

Porque esa propiedad abandonada vale más abandonada para ciertas personas que rehabilitada por ti.

Después de María, el Congreso asignó miles de millones en fondos federales para atender problemas como este. El Departamento de la Vivienda de Puerto Rico contrató al Centro para la Reconstrucción del Hábitat, una organización sin fines de lucro en Caguas, con un contrato que comenzó en $11.2 millones y fue enmendado hasta casi $28 millones. El trabajo del CRH: evaluar las propiedades abandonadas en los 78 municipios. Crear el inventario. Diseñar el camino para devolverlas a uso productivo.

Han pasado nueve años. El inventario público que la ley exige sigue sin aparecer. Pero el CRH sí tiene los datos. Y el contrato es de reembolso de costos: el CRH gasta, le factura al gobierno federal, y el gobierno le devuelve el dinero. $178.95 por cada propiedad que inventaría. $9,619 por cada informe final de municipio. Y según la enmienda al contrato, más de $109,000 semanales solo en nómina de personal. Cada semana que el contrato sigue activo, son $109,000 más. Tú no sabes cuáles propiedades están abandonadas. Ellos sí. Se los pagaste para que lo averiguaran. Y esa ventaja de información es la que sostiene todo lo que viene.

El Sub-Director del CRH se llama Herbert Padua Méndez. Es el número dos de toda la organización. También es Tesorero de Fondo CRH Inc., la entidad que crearon para otorgar préstamos de rehabilitación de propiedades. Padua, como Tesorero, participa en las decisiones sobre qué propiedades se financian y quién recibe el dinero.

El 20 de enero de 2023, Padua registró una empresa con fines de lucro: C&P General Services LLC. Propósito: servicios de construcción y remodelación. 53 días después, Vivienda certificó $11.2 millones en fondos federales para el CRH. El Tesorero de la entidad que financia la rehabilitación de propiedades abrió su propia empresa de construcción semanas antes de que llegara el dinero.

Piensa en lo que eso significa para el contratista de tu barrio. Las propiedades abandonadas de tu comunidad generan contratos de construcción pagados con fondos federales. ¿A quién le llegan esos contratos? El CRH no lo dice. La tabla de contratistas está vacía. Pero el Sub-Director tiene su propia empresa de construcción. Y el maestro de obra de tu calle sigue esperando.

En diciembre de 2023, auditores revisaron los libros del CRH. Encontraron debilidad material. No había controles internos. Las prácticas contables eran inadecuadas. Los récords no sostenían los números.

En julio de 2025, Padua abrió su segunda empresa con fines de lucro: Atelier 360 Human Development LLC. Propósito: consultoría, capacitación, desarrollo organizacional. Exactamente lo que los auditores dijeron que faltaba. La organización tiene un problema. El Sub-Director tiene una empresa que ofrece ese tipo de servicio. Si eso te parece casualidad, espérate.

Angelisse Sánchez Miranda es Coordinadora Regional del CRH en Guayama. Su trabajo con fondos federales la lleva a los municipios, a reunirse con alcaldes, a conocer las necesidades de cada oficina. En junio de 2025 registró su propia empresa con fines de lucro: Mente Organizacional LLC. Propósito: talleres de liderazgo, desarrollo organizacional y programas para municipios y organizaciones públicas.

Francisco Negrón Alemán es Analista de GIS del CRH. Es la persona que maneja los datos geoespaciales, los mapas de propiedades, las coordenadas de cada estructura abandonada que el CRH ha documentado con fondos federales. En julio de 2024 aparece como asesor de Ecovitale Strategies & Solutions Advisors LLC, una empresa de gestión ambiental, planificación estratégica y promoción de soluciones sostenibles. La persona que tiene acceso a la base de datos de propiedades abandonadas que el CRH ha recopilado con fondos federales es asesor de una empresa privada de consultoría estratégica y ambiental.

Las fechas importan. Los auditores encontraron debilidad material en el CRH en diciembre de 2023. Negrón Alemán aparece como asesor de una empresa de consultoría estratégica registrada en julio de 2024. Padua abre una empresa de consultoría y capacitación en julio de 2025. Sánchez Miranda abre otra de desarrollo organizacional y talleres en junio de 2025. Tres empleados del CRH, tres empresas que venden servicios que la organización o sus municipios necesitan, abiertas en el mismo periodo.

¿Les están vendiendo esos servicios al CRH directamente? ¿A los municipios que visitan con credencial federal? No lo sabemos. Porque la tabla de contratistas del CRH está vacía. No hay un solo nombre.

Ahora el jefe de todos.

Luis Orlando Gallardo Rivera, Director Ejecutivo del CRH, registró en mayo de 2022 un fondo de inversión con fines de lucro: Río Piedras Social Investment Fund LLC. Propósito: "pairing of private capital with community-driven solutions for the conversion of vacant and abandoned properties into assets for community development." Convertir propiedades vacantes y abandonadas en activos. La misma misión del CRH, pero en una empresa con fines de lucro. Su socio: Omar Cuadrado, Director Ejecutivo del Fideicomiso para el Desarrollo de Río Piedras.

Un fondo de inversión privado entre dos directores ejecutivos de organizaciones sin fines de lucro. Sin página web. Sin presencia pública. Invisible.

Y el CRH le transfiere propiedades a la organización de Cuadrado. El CRIM lo documenta: catastro 087-023-583-13-001 en San Juan, comprada por el CRH por $85,000 en 2023, hoy a nombre del Fideicomiso de Cuadrado. El que decide qué propiedades adquiere el CRH y el que las recibe son socios en un fondo privado. Y ninguna de las dos planillas federales refleja esa relación.

Las planillas 990 de ambas organizaciones preguntan: ¿hicieron negocios con algún oficial? Ambos: No. ¿Existe relación con una empresa con fines de lucro? Ambos: No. ¿Presentaron el formulario de divulgación? Nunca. Y en el mismo año fiscal, ambos desaparecieron de sus propias planillas. Cuadrado pasó de figurar como Director Ejecutivo con $72,540 de salario en 2023 a no aparecer en ningún lado en 2024. Gallardo firma el 990 del CRH como Presidente pero no aparece como oficial. Dos socios. La misma técnica. El mismo año.

Ahora mira el modelo completo.

Gallardo ha incorporado cinco bancos de terrenos comunitarios: Toa Baja, Vega Baja, Yauco, Hormigueros, Adjuntas. Todos incorporados por él, desde direcciones vinculadas al CRH y sus entidades afiliadas. El de Vega Baja ya adquirió 11 propiedades del municipio.

Un banco de terrenos es una corporación sin fines de lucro que adquiere propiedades abandonadas, las rehabilita y las dispone. Suena bien. Pero piensa en quién hace qué. ¿Quién evalúa la propiedad? El CRH de Gallardo. ¿Quién financia la rehabilitación? Fondo CRH, donde Padua es Tesorero. ¿Quién hace la construcción? ¿Quién da la consultoría a los municipios? ¿Quién maneja los datos geoespaciales y los mapas de cada propiedad? Ya sabes quién tiene empresa en cada uno de esos renglones.

Y cuando esa propiedad esté "rehabilitada", ¿cuánto te va a costar? La misma propiedad que llevaba años cayéndose frente a tu casa, que tú querías arreglar, que pudiste haber adquirido por el valor de tasación bajo el 4.012, ahora es un "activo desarrollado" que cuesta cientos de miles de dólares. Tú, que pudiste haberla comprado y haberle dado trabajo al contratista de tu barrio, ahora tienes que comprársela a una organización sin fines de lucro cuyos empleados tienen empresas privadas en los mismos servicios que se necesitaron para desarrollarla.

Existe un proyecto de ley, el PS 957, que haría obligatorio que cada municipio cree un banco de terrenos. Y los bancos de terrenos bajo la ley son corporaciones sin fines de lucro. Setenta y ocho municipios. Setenta y ocho bancos. Setenta y ocho organizaciones sin fines de lucro que necesitan evaluación, construcción, consultoría, datos geoespaciales, financiamiento y asesoría legal. Gallardo ya tiene cinco listos. Padua ya tiene las empresas. Sánchez Miranda ya conoce a los alcaldes. Negrón Alemán ya maneja los datos.

Y tú, que tenías el derecho legal de adquirir la propiedad directamente, quedas fuera. Porque la propiedad ya no va a ti. Va al banco de terrenos. Y ya sabes quién tiene empresas en los servicios que ese banco de terrenos necesita para operar.

Cuando tú adquieres una propiedad, tú le das trabajo al albañil de tu barrio. Y ese albañil llama al electricista. Y el electricista llama al plomero. Y entre los tres contratan un ayudante que está empezando. Compran el cemento en la ferretería del pueblo. La pintura, los bloques, la tubería, los tornillos. Y todos almuerzan en la fonda de la esquina. Una propiedad genera una cadena de trabajo y consumo que circula en tu comunidad. Obreros de construcción de tu barrio, comprando materiales en tu barrio, gastando en tu barrio.

Cuando la propiedad pasa por el sistema del CRH, esa cadena no llega a tu comunidad de la misma forma. La construcción, la consultoría, los datos, el financiamiento, todo pasa por una estructura donde las mismas personas que administran el programa tienen empresas privadas en esos mismos servicios. Y el Sub-Director tiene empresa de construcción. Y la coordinadora tiene empresa de consultoría. Y el analista de GIS es asesor de una empresa de planificación estratégica. Y el director tiene un fondo de inversión. ¿A quién le dan los contratos? No lo sabemos. La tabla de contratistas está vacía. Pero el albañil de tu calle no recibe esa llamada. El electricista tampoco. La ferretería de tu pueblo no vende esos materiales. El dinero entra a tu municipio y no se queda.

En 2024, el CRH reportó haber pagado $5,446,425 a personas internas de la organización. Gente de adentro. El 74% de todo el gasto del programa. En un contrato de reembolso de costos, los gastos del programa se le facturan al gobierno federal para su devolución. Eso incluye los $5.4 millones pagados a personas internas. ¿Quiénes son esos insiders? La planilla no lo dice. La tabla de contratistas está vacía. Ningún contador público independiente la firmó. Las actas de reuniones no existen.

Para obtener el contrato, Gallardo firmó una Certificación de No Conflicto de Interés bajo pena de perjurio. Certificó que ningún servidor público tiene interés pecuniario. Certificó que todo es completo, verdadero y correcto.

La misión del CRH según sus propios documentos es "promover un cambio en el manejo de propiedades abandonadas para combatir el deterioro comunitario." Pero lo que los registros públicos muestran es otra cosa. Muestran una organización donde el dinero federal entra, pasa por entidades sin fines de lucro, y empleados clave tienen empresas privadas en cada eslabón de la cadena. Mientras tanto, las comunidades siguen esperando. Los contratistas locales siguen sin recibir esa llamada. Las familias que necesitan un hogar accesible siguen sin opciones.

Después de María nos prometieron reconstrucción. Antes de María nos prometieron progreso. Siempre es la misma historia. Llega el dinero a la isla pero no llega a la calle. Cambian los nombres, cambian las siglas, cambian los contratos. Pero el resultado es el mismo: comunidades esperando y alguien más cobrando.

$28 millones fueron asignados para tu comunidad. La ley te da el derecho de actuar. Pregúntate por qué nadie te deja.

---

Todos los registros citados son públicos y verificables. Registros corporativos: registro.gobierno.pr. Planillas federales 990: projects.propublica.org/nonprofits. Récords de propiedad: CRIM. Si tiene información relacionada, puede comunicarse de forma confidencial a través de contacto@estorbos.com.