¿A quién le reconstruyen el hábitat? Empresas privadas y vínculos no divulgados dentro del Centro para la Reconstrucción del Hábitat (CRH)

Después del Huracán María, el gobierno federal asignó miles de millones en fondos de recuperación para Puerto Rico. El Departamento de la Vivienda contrató al Centro para la Reconstrucción del Hábitat, una organización sin fines de lucro, con un contrato que comenzó en $11.2 millones y fue enmendado hasta casi $28 millones. El trabajo: evaluar las propiedades abandonadas en los 78 municipios, crear un inventario, y diseñar el camino para devolverlas a uso productivo. Los registros públicos revelan lo que ese dinero construyó.

Actualizado el 11 de abril de 2026 para mayor claridad y legibilidad.

Desde diciembre de 2024, el contrato funciona por reembolso de costos: el CRH gasta, le factura al Departamento de la Vivienda, la agencia estatal que administra estos fondos federales, y le reembolsan. $178.95 por cada propiedad que inventaría. $9,619 por cada informe final de municipio. Y según la enmienda al contrato, la nómina de personal tiene un tope de $109,759.24 semanales, el costo máximo de personal que el presupuesto autoriza a facturar cada semana.

El Sub-Director del CRH se llama Herbert Padua Méndez. Es el número dos de toda la organización. También es Tesorero de Fondo CRH Inc., la entidad que crearon para otorgar préstamos de rehabilitación de propiedades. Padua, como Tesorero, participa en las decisiones sobre qué propiedades se financian y quién recibe el dinero.

El 20 de enero de 2023, Padua registró una empresa con fines de lucro: C&P General Services LLC. Propósito: servicios de construcción y remodelación. 54 días después, el 15 de marzo de 2023, Vivienda certificó $11.2 millones en fondos federales para el CRH. El Tesorero de la entidad que financia la rehabilitación de propiedades abrió su propia empresa de construcción semanas antes de que llegara el dinero.

Las propiedades abandonadas generan contratos de construcción pagados con fondos federales. ¿A quién le llegan esos contratos? El CRH no lo dice. La tabla de contratistas está vacía. Pero el Sub-Director tiene su propia empresa de construcción.

Una auditoría federal examinó las finanzas del CRH del año 2023, el primer año del contrato. Encontró debilidad material. No había controles internos. Las prácticas contables eran inadecuadas. Los récords no sostenían los números. El informe de los auditores está fechado el 18 de julio de 2025.

En julio de 2025, Padua abrió su segunda empresa con fines de lucro: Atelier 360 Human Development LLC. Propósito: consultoría, capacitación, desarrollo organizacional. Exactamente lo que los auditores dijeron que faltaba. La organización tiene un problema. El Sub-Director tiene una empresa que ofrece ese tipo de servicio. Si eso te parece casualidad, espérate.

Angelisse Sánchez Miranda es Coordinadora Regional del CRH en Guayama. Su trabajo con fondos federales la lleva a los municipios, a reunirse con alcaldes, a conocer las necesidades de cada oficina. En junio de 2025 registró su propia empresa con fines de lucro: Mente Organizacional LLC. Propósito: talleres de liderazgo, desarrollo organizacional y programas para municipios y organizaciones públicas.

Francisco Negrón Alemán es Analista de GIS del CRH. Es la persona que maneja los datos geoespaciales, los mapas de propiedades, las coordenadas de cada estructura abandonada que el CRH ha documentado con fondos federales. En julio de 2024 aparece como asesor de Ecovitale Strategies & Solutions Advisors LLC, una empresa de gestión ambiental, planificación estratégica y promoción de soluciones sostenibles. La persona que tiene acceso a la base de datos de propiedades abandonadas que el CRH ha recopilado con fondos federales es asesor de una empresa privada de consultoría estratégica y ambiental.

Las fechas importan. La auditoría federal documentó la debilidad material en las finanzas del CRH del año 2023; el informe lleva fecha del 18 de julio de 2025. Negrón Alemán aparece como asesor de una empresa de consultoría estratégica registrada en julio de 2024. Sánchez Miranda registra una empresa de desarrollo organizacional y talleres en junio de 2025. Y Padua registra su empresa de consultoría y capacitación el 28 de julio de 2025, diez días después de la fecha de esa auditoría. Tres empleados del CRH, tres empresas que venden servicios que la organización o sus municipios necesitan, abiertas en el mismo periodo.

¿Les están vendiendo esos servicios al CRH directamente? ¿A los municipios que visitan con credencial federal? No lo sabemos. Porque la tabla de contratistas del CRH está vacía. No hay un solo nombre.

Ahora el jefe de todos.

Luis Orlando Gallardo Rivera, Director Ejecutivo del CRH, registró en mayo de 2022 un fondo de inversión con fines de lucro: Río Piedras Social Investment Fund LLC. Propósito: "pairing of private capital with community-driven solutions for the conversion of vacant and abandoned properties into assets for community development." Convertir propiedades vacantes y abandonadas en activos. La misma misión del CRH, pero en una empresa con fines de lucro. Su socio: Omar Cuadrado, Director Ejecutivo del Fideicomiso para el Desarrollo de Río Piedras.

Un fondo de inversión privado entre dos directores ejecutivos de organizaciones sin fines de lucro. Sin página web. Sin presencia pública. Invisible.

Y el CRH le transfiere propiedades a la organización de Cuadrado. El CRIM lo documenta: catastro 087-023-583-13-001 en San Juan, comprada por el CRH por $85,000 en 2023, hoy a nombre del Fideicomiso de Cuadrado. El que decide qué propiedades adquiere el CRH y el que las recibe son socios en un fondo privado. Y ninguna de las dos planillas federales refleja esa relación.

La planilla 990 del CRH pregunta, año tras año, si la organización hizo negocios con algún oficial o director, y si está relacionada con una empresa con fines de lucro. En todas: no. Y el CRH nunca presentó el Anexo L, el formulario donde se divulgan ese tipo de transacciones. Pero hay que ser precisos con lo que eso significa: esas casillas del 990 cubren a los oficiales y directores de la junta, no a todo el personal. Padua, Sánchez Miranda y Negrón Alemán figuran como empleados, no como oficiales, así que sus empresas privadas pueden quedar fuera de esas casillas. El formulario no captura lo que no pregunta. Lo que sí se ve es esto: en el mismo periodo, los dos socios del fondo de inversión privado desaparecieron de sus propias planillas. Cuadrado pasó de figurar como Director Ejecutivo con $72,540 de salario en 2023 a no aparecer en ningún lado en 2024. Gallardo firma el 990 del CRH como Presidente pero no aparece como oficial. Dos socios. La misma técnica. El mismo año.

Ahora mira el modelo completo.

Gallardo ha incorporado cuatro bancos de terrenos comunitarios: Vega Baja, Yauco, Hormigueros y Adjuntas. Aparece como incorporador de los cuatro, todos registrados desde direcciones vinculadas al CRH y sus entidades afiliadas. El registro corporativo, eso sí, muestra el de Yauco como cancelado. El de Vega Baja ya adquirió 11 propiedades del municipio.

Un banco de terrenos es una corporación sin fines de lucro que adquiere propiedades abandonadas, las rehabilita y las dispone. Suena bien. Pero piensa en quién hace qué. ¿Quién evalúa la propiedad? El CRH de Gallardo. ¿Quién financia la rehabilitación? Fondo CRH, donde Padua es Tesorero. ¿Quién hace la construcción? ¿Quién da la consultoría a los municipios? ¿Quién maneja los datos geoespaciales y los mapas de cada propiedad? Ya sabes quién tiene empresa en cada uno de esos renglones.

Y cuando esa propiedad esté "rehabilitada", ¿cuánto va a costar? La misma propiedad que llevaba años cayéndose, que un ciudadano pudo haber adquirido por el valor de tasación bajo el Artículo 4.012, ahora es un "activo desarrollado" que cuesta cientos de miles de dólares. Ahora hay que comprársela a una organización sin fines de lucro cuyos empleados tienen empresas privadas en los mismos servicios que se necesitaron para desarrollarla.

Existe un proyecto de ley, el PS 957, que haría obligatorio que cada municipio cree un banco de terrenos. Y los bancos de terrenos bajo la ley son corporaciones sin fines de lucro. Setenta y ocho municipios. Setenta y ocho bancos. Setenta y ocho organizaciones sin fines de lucro que necesitan evaluación, construcción, consultoría, datos geoespaciales, financiamiento y asesoría legal. Gallardo ya incorporó los primeros cuatro. Padua ya tiene las empresas. Sánchez Miranda ya conoce a los alcaldes. Negrón Alemán ya maneja los datos.

Cuando un ciudadano adquiere una propiedad directamente, le da trabajo al albañil de su barrio. Y ese albañil llama al electricista. Y el electricista llama al plomero. Y entre los tres contratan un ayudante que está empezando. Compran el cemento en la ferretería del pueblo. La pintura, los bloques, la tubería, los tornillos. Y todos almuerzan en la fonda de la esquina. Una propiedad genera una cadena de trabajo y consumo que circula en la comunidad. Obreros de construcción del barrio, comprando materiales en el barrio, gastando en el barrio.

Cuando la propiedad pasa por un sistema centralizado, esa cadena no llega a la comunidad de la misma forma. La construcción, la consultoría, los datos, el financiamiento, todo pasa por una estructura donde las mismas personas que administran el programa tienen empresas privadas en esos mismos servicios. El albañil de la calle no recibe esa llamada. El electricista tampoco. La ferretería del pueblo no vende esos materiales. El dinero entra al municipio y no se queda.

En 2024, el CRH reportó haber pagado $5,446,425 a personas internas de la organización. Gente de adentro. El 74% de todo lo que gastó el CRH ese año. En un contrato de reembolso de costos, esos gastos se le facturan al Departamento de la Vivienda, que los cubre con fondos federales, para su devolución. Eso incluye los $5.4 millones pagados a personas internas. ¿Quiénes son esos insiders? La planilla no lo dice. La tabla de contratistas está vacía. Ningún contador público independiente la firmó. Las actas de reuniones no existen.

Para obtener el contrato, Gallardo firmó una Certificación de No Conflicto de Interés bajo pena de perjurio. Certificó que ningún servidor público tiene interés pecuniario. Certificó que todo es completo, verdadero y correcto.

La misión del CRH según sus propios documentos es "promover un cambio en el manejo de propiedades abandonadas para combatir el deterioro comunitario." Pero lo que los registros públicos muestran es otra cosa. Muestran una organización donde el dinero federal entra, pasa por entidades sin fines de lucro, y empleados clave tienen empresas privadas en cada eslabón de la cadena. Mientras tanto, las comunidades siguen esperando. Los contratistas locales siguen sin recibir esa llamada. Las familias que necesitan un hogar accesible siguen sin opciones.

$28 millones fueron asignados para las comunidades de Puerto Rico. Los registros públicos están aquí para quien quiera verlos.

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Todos los registros citados son públicos y verificables. Registros corporativos: registro.gobierno.pr. Planillas federales 990: projects.propublica.org/nonprofits. Récords de propiedad: CRIM. Si tiene información relacionada, puede comunicarse de forma confidencial a través de contacto@estorbos.com.