¿A quién le reconstruyen el hábitat? Empresas privadas y un fondo de inversión registrados por personal del Centro para la Reconstrucción del Hábitat (CRH)

Después del Huracán María, el gobierno federal asignó miles de millones en fondos de recuperación para Puerto Rico. El Departamento de la Vivienda contrató al Centro para la Reconstrucción del Hábitat, una organización sin fines de lucro, con un contrato que comenzó en $11.2 millones y fue enmendado hasta casi $28 millones. El trabajo: evaluar las propiedades abandonadas en los 78 municipios, crear un inventario, y diseñar el camino para devolverlas a uso productivo. Los registros públicos revelan lo que ese dinero construyó.

Actualizado el 18 de junio de 2026 para mayor claridad y legibilidad.

Desde diciembre de 2024, el contrato funciona por reembolso de costos: el CRH gasta, le factura al Departamento de la Vivienda, la agencia estatal que administra estos fondos federales, y le reembolsan. $178.95 por cada propiedad que inventaría. $9,619 por cada informe final de municipio. Y según la enmienda al contrato, la nómina de personal tiene un tope de $109,759.24 semanales, el costo máximo de personal que el presupuesto autoriza a facturar cada semana.

El Sub-Director del CRH se llama Herbert Padua Méndez. Es el número dos de toda la organización. También es Tesorero de Fondo CRH Inc., la entidad que crearon para otorgar préstamos de rehabilitación de propiedades. Como Tesorero, Padua forma parte de la estructura que toma las decisiones financieras de esa entidad.

El 20 de enero de 2023, Padua registró una empresa con fines de lucro: C&P General Services LLC. Propósito: servicios de construcción y remodelación. 54 días después, el 15 de marzo de 2023, Vivienda certificó $11.2 millones en fondos federales para el CRH. El Tesorero de la entidad que financia la rehabilitación de propiedades abrió su propia empresa de construcción semanas antes de que llegara el dinero.

Aquí hay que ser exactos, porque el dato importa: el contrato VPA es de inventario y evaluación de propiedades, no de construcción ni rehabilitación. Y el CRH nos indica que C&P General Services LLC no tiene contrato con el CRH, con Vivienda ni con los municipios de la iniciativa, ni ha recibido fondos del programa, y dice que eso se puede verificar. Lo que el registro público sí muestra es la fecha: el número dos de la organización abrió una empresa de construcción 54 días antes de que se certificaran los fondos. Ese es el hecho de registro. La conclusión la dejamos abierta.

Una auditoría federal examinó las finanzas del CRH del año 2023, el primer año del contrato. Encontró debilidad material. No había controles internos. Las prácticas contables eran inadecuadas. Los récords no sostenían los números. El informe de los auditores está fechado el 18 de julio de 2025.

En julio de 2025, Padua registró una segunda empresa con fines de lucro: Atelier 360 Human Development LLC. El CRH aclara que su giro es la psicología organizacional, el coaching y la innovación, no la auditoría ni los controles internos, y que tampoco tiene contrato con el CRH, Vivienda ni los municipios de la iniciativa. Lo que el registro marca es la fecha: quedó inscrita el 28 de julio de 2025, diez días después de la auditoría federal del 18 de julio de 2025 que encontró fallas en los controles internos del CRH. Anotamos la coincidencia de fechas. Nada más que eso.

¿Le venden esos servicios al CRH? El CRH dice que no, que ninguna de estas empresas tiene contrato gubernamental, y que es verificable. Nosotros, con los documentos públicos, no podemos confirmarlo ni descartarlo, porque la tabla de contratistas del 990 del CRH está en blanco. No hay un solo nombre. Así que lo dejamos como pregunta, no como respuesta.

Ahora el jefe de todos.

Luis Orlando Gallardo Rivera, Director Ejecutivo del CRH, registró en mayo de 2022 un fondo de inversión con fines de lucro: Río Piedras Social Investment Fund LLC. Propósito: "pairing of private capital with community-driven solutions for the conversion of vacant and abandoned properties into assets for community development." Convertir propiedades vacantes y abandonadas en activos. La misma misión del CRH, pero en una empresa con fines de lucro. Su socio: Omar Cuadrado, Director Ejecutivo del Fideicomiso para el Desarrollo de Río Piedras.

Un fondo de inversión privado entre dos directores ejecutivos de organizaciones sin fines de lucro. Sin página web. Sin presencia pública. Invisible.

Y el CRH le transfiere propiedades a la organización de Cuadrado. El CRIM lo documenta: catastro 087-023-583-13-001 en San Juan, comprada por el CRH por $85,000 en 2023, hoy a nombre del Fideicomiso de Cuadrado. El director ejecutivo del CRH y el del fideicomiso que recibió la propiedad son socios en ese fondo privado de inversión. Y ninguna de las dos planillas federales refleja esa relación.

La planilla 990 del CRH pregunta, año tras año, si la organización hizo negocios con algún oficial o director, y si está relacionada con una empresa con fines de lucro. En todas: no. Y el CRH nunca presentó el Anexo L, el formulario donde se divulgan ese tipo de transacciones. Pero hay que ser precisos con lo que eso significa: esas casillas del 990 cubren a los oficiales y directores de la junta, no a todo el personal. Padua figura como empleado, no como oficial de la junta, así que sus empresas privadas pueden quedar fuera de esas casillas. El formulario no captura lo que no pregunta. Lo que sí se ve es esto: en el mismo periodo, los dos socios del fondo de inversión privado desaparecieron de sus propias planillas. Cuadrado pasó de figurar como Director Ejecutivo con $72,540 de salario en 2023 a no aparecer en ningún lado en 2024. Gallardo firma el 990 del CRH como Presidente pero no aparece como oficial. Dos socios. El mismo patrón en sus planillas. El mismo año.

Ahora mira el modelo completo.

Gallardo ha incorporado cuatro bancos de terrenos comunitarios: Vega Baja, Yauco, Hormigueros y Adjuntas. Aparece como incorporador de los cuatro, todos registrados desde direcciones vinculadas al CRH y sus entidades afiliadas. El registro corporativo, eso sí, muestra el de Yauco como cancelado. El de Vega Baja ya adquirió 11 propiedades del municipio.

Un banco de terrenos es una corporación sin fines de lucro que adquiere propiedades abandonadas, las rehabilita y las dispone. Suena bien. Pero piensa en quién hace qué. ¿Quién evalúa la propiedad? El CRH de Gallardo. ¿Quién administra el fondo de préstamos? Fondo CRH, donde Padua es Tesorero. ¿Y la construcción de esa rehabilitación? El Sub-Director, Padua, registró su propia empresa de construcción. Esa concentración de roles es nuestra preocupación, planteada sobre registros públicos.

Y cuando esa propiedad esté "rehabilitada", ¿cuánto va a costar? La misma propiedad que llevaba años cayéndose, que un ciudadano pudo haber adquirido por el valor de tasación bajo el Artículo 4.012, ahora es un "activo desarrollado" que cuesta cientos de miles de dólares. Ahora hay que comprársela a una organización sin fines de lucro cuyo Sub-Director registró su propia empresa privada de construcción.

Existe un proyecto de ley, el PS 957, que haría obligatorio que cada municipio cree un banco de terrenos. Y los bancos de terrenos bajo la ley son corporaciones sin fines de lucro. Setenta y ocho municipios. Setenta y ocho bancos. Setenta y ocho organizaciones sin fines de lucro que necesitan evaluación, construcción, consultoría, datos geoespaciales, financiamiento y asesoría legal. Gallardo ya incorporó los primeros cuatro. Y, según los registros públicos, el Sub-Director del CRH ya registró su propia empresa en uno de esos renglones: la construcción.

Cuando un ciudadano adquiere una propiedad directamente, le da trabajo al albañil de su barrio. Y ese albañil llama al electricista. Y el electricista llama al plomero. Y entre los tres contratan un ayudante que está empezando. Compran el cemento en la ferretería del pueblo. La pintura, los bloques, la tubería, los tornillos. Y todos almuerzan en la fonda de la esquina. Una propiedad genera una cadena de trabajo y consumo que circula en la comunidad. Obreros de construcción del barrio, comprando materiales en el barrio, gastando en el barrio.

Cuando la propiedad pasa por un sistema centralizado, esa cadena no llega a la comunidad de la misma forma. La construcción, la consultoría, los datos, el financiamiento, todo pasa por una estructura concentrada en una sola organización y sus entidades afiliadas. El albañil de la calle no recibe esa llamada. El electricista tampoco. La ferretería del pueblo no vende esos materiales. El dinero entra al municipio y no se queda.

En 2024, el CRH reportó $5,446,425 en la línea del Formulario 990 reservada para pagos a "personas descalificadas" (disqualified persons). Bajo el Código de Rentas Internas federal, esas son las personas con influencia sustancial sobre la organización, y sus allegados. Es el 74% de todo lo que gastó el CRH ese año, reportado en esa línea. En un contrato de reembolso de costos, los gastos del CRH se le facturan al Departamento de la Vivienda, que los cubre con fondos federales. ¿Quiénes son esas personas? La planilla no las identifica. La tabla de contratistas está vacía. Ningún contador público independiente firmó la planilla. Las actas de reuniones no existen.

Para obtener el contrato, Gallardo firmó una Certificación de No Conflicto de Interés bajo pena de perjurio. Certificó que ningún servidor público tiene interés pecuniario. Certificó que todo es completo, verdadero y correcto.

La misión del CRH según sus propios documentos es "promover un cambio en el manejo de propiedades abandonadas para combatir el deterioro comunitario." Lo que los registros públicos muestran es una organización donde el dinero federal entra, pasa por entidades sin fines de lucro, y donde el Sub-Director registró una empresa privada de construcción y el Director Ejecutivo creó un fondo de inversión privado con la misma misión que el CRH. Mientras tanto, las comunidades siguen esperando. Los contratistas locales siguen sin recibir esa llamada. Las familias que necesitan un hogar accesible siguen sin opciones.

$28 millones fueron asignados para las comunidades de Puerto Rico. Los registros públicos están aquí para quien quiera verlos.

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Todos los registros citados son públicos y verificables. Registros corporativos: rcp.estado.pr.gov. Planillas federales 990: projects.propublica.org/nonprofits. Récords de propiedad: CRIM. Si tiene información relacionada, puede comunicarse de forma confidencial a través de contacto@estorbos.com.

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Nota de corrección y actualización (18 de junio de 2026): Tras una reclamación extrajudicial del CRH y luego de revisar la producción documental que el Departamento de la Vivienda entregó bajo la Ley de Transparencia, revisamos nuevamente este artículo. El CRH sostiene que las empresas privadas registradas por su personal no tienen contratos con el CRH, el Departamento de la Vivienda ni los municipios de la iniciativa VPA, y que no han recibido fondos del programa, y califica esos datos como verificables; incorporamos esa posición. Centramos el reportaje en la estructura documentada de la organización y retiramos referencias a personal cuyas empresas no pudimos vincular, con los registros disponibles, a la cadena que aquí se describe. Aclaramos, además, que el contrato VPA es de inventario y evaluación de propiedades, no de construcción. Mantenemos los hechos de los registros públicos, corporativos, planillas 990 y CRIM en los que se basa este reportaje, y enmarcamos como preguntas abiertas lo que esos registros no permiten confirmar.