Sobre NosotrosAbout Us

Cómo una búsqueda de propiedad se convirtió en una plataforma.How a property search turned into a platform.

Esta plataforma nació de una experiencia personal.

Intenté adquirir una propiedad abandonada en Puerto Rico. Lo que parecía un proceso sencillo se convirtió en un laberinto. La ley dice que puedes notificar al municipio tu intención de adquirir una propiedad declarada estorbo público. En la práctica, nadie sabe explicarte cómo.

No había manera de saber qué propiedades habían sido declaradas. La ley requiere que cada municipio publique un inventario digital. La mayoría no lo tiene. Los que lo tienen, lo publican en un post de Facebook que desaparece en días o en un PDF enterrado en una página web que nadie actualiza.

Llamé a municipios. Nadie sabía decirme con certeza qué propiedades estaban declaradas, cuáles estaban en proceso ni cuáles estaban disponibles para adquisición. Me mandaban de oficina en oficina. Me pedían que fuera presencial. Me decían que volviera la semana que viene.

Volví. No había cambiado nada.

Traté de someter una carta de intención. Es el mecanismo que establece el Artículo 4.012 del Código Municipal, enmendado por la Ley 114-2024, para que cualquier ciudadano pueda expresar interés en adquirir una propiedad del inventario. Pero no existe un formulario oficial. No hay un portal. No hay manera de demostrar que sometiste tu notificación, ni cuándo la sometiste, ni que fuiste el primero en expresar interés. Tu palabra contra la del municipio. Y si alguien con conexiones llegó primero, nunca te vas a enterar.

Mientras tanto, descubrí que empresas privadas habían estado operando en más de veinte municipios con acceso privilegiado a las listas de propiedades. Compartían inventarios con inversionistas antes que con el público. Cobraban miles de dólares por propiedad. Compraban propiedades a través de compañías relacionadas con sus propios dueños. Manejaban el dinero de los compradores sin cuentas en plica. Algunas operaban con licencias vencidas. Varias fueron objeto de investigaciones públicas.

El problema no era la ley. La ley es buena. El problema era que no existía la infraestructura para que funcionara. No había plataforma digital real. No había mecanismo de notificación con registro público. No había manera de que un ciudadano común participara en el proceso sin conocer al funcionario correcto o tener un abogado que le abriera las puertas.

Así que la construí.

Qué dice la ley

El Artículo 4.011 del Código Municipal de Puerto Rico (Ley 107-2020, enmendada por Ley 114-2024) requiere que cada municipio publique un inventario de sus propiedades declaradas estorbo público. Ese inventario debe incluir la ubicación física, datos registrales con gravámenes, número catastral, nombre del dueño y valor tasado de cada propiedad.

La Ley 114-2024 añadió la obligación de actualizar este inventario trimestralmente y hacerlo disponible al público en la Casa Alcaldía, y en su plataforma digital o red social de alto alcance público. Esa misma ley enmendó el Artículo 4.012, que establece el procedimiento para que cualquier ciudadano notifique al municipio su intención de adquirir una propiedad del inventario. Y creó el Artículo 4.012A, un procedimiento de expropiación sumaria que acelera el proceso y da prioridad a personas con acceso limitado al mercado tradicional de vivienda.

Qué hace esta plataforma

Estorbos.com hace tres cosas.

Primero, publica en un solo lugar la información de propiedades declaradas estorbo público que cada municipio debería estar publicando por ley. Los municipios que se integran a la plataforma tienen su inventario publicado de forma profesional y actualizado. Los que no se han integrado aparecen con los datos que hemos podido obtener de fuentes públicas.

Segundo, permite a cualquier ciudadano reportar propiedades abandonadas en su comunidad. Cada reporte se enriquece automáticamente con datos catastrales del CRIM: número de catastro, nombre del titular y valor de la propiedad. El municipio recibe un expediente listo para evaluar, no una queja sin datos.

Tercero, creamos el primer sistema digital de carta de intención en Puerto Rico. Un mecanismo para que cualquier persona pueda notificar formalmente al municipio su interés en adquirir una propiedad declarada, con un timestamp público que documenta la fecha y hora de cada notificación. Puedes expresar tu intención directamente desde la página de cualquier propiedad declarada.

Qué no somos

No somos un portal gubernamental. No tenemos autoridad legal para declarar propiedades como estorbos públicos ni para iniciar procesos de expropiación.

No somos una empresa de bienes raíces. No compramos propiedades. No vendemos propiedades. No manejamos dinero de compradores ni vendedores. No hacemos tasaciones. No representamos a nadie en tribunal.

Somos una plataforma ciudadana de publicación y transparencia. El municipio toma todas las decisiones. Nosotros organizamos y publicamos la información.

Los datos del inventario provienen de fuentes municipales oficiales y reportes ciudadanos. Verificamos la información en la medida posible, pero los datos dependen de fuentes municipales que no siempre están actualizados. Si eres propietario de una propiedad listada y deseas disputar su inclusión, contáctanos.

Cómo se sostiene la plataforma

Transparencia total sobre nuestro modelo.

La plataforma es gratuita para ciudadanos. Siempre.

Los municipios que se integran no pagan por la publicación de su inventario, ni por recibir reportes ciudadanos, ni por el mantenimiento de la plataforma.

El único ingreso es una comisión por cada propiedad que efectivamente se vende a través del proceso legal de expropiación. Esa comisión se paga de los ingresos de la venta. No sale del presupuesto municipal. No sale del bolsillo del comprador.

Si ninguna propiedad se vende, nadie paga nada.

No tenemos inversionistas. No tenemos interés económico en ninguna propiedad. No tenemos incentivo para inflar valores, presionar ventas ni priorizar a nadie sobre otro. El único escenario en que ganamos dinero es cuando el proceso legal funciona correctamente y un ciudadano adquiere una propiedad que estaba abandonada.

Publicamos esto aquí porque después de lo que pasó con las empresas que controlaban este proceso en otros municipios, creemos que cualquier persona involucrada en el tema de estorbos públicos tiene la obligación de explicar exactamente de dónde viene su dinero.

Aquí está el nuestro.

Contacto

Si tienes preguntas, quieres reportar un error en los datos, o eres funcionario municipal interesado en integrar tu municipio:

Si eres funcionario municipal, visita nuestra página Para Municipios

This platform was born from a personal experience.

I tried to acquire an abandoned property in Puerto Rico. What seemed like a straightforward process turned into a maze. The law says you can notify the municipality of your intent to acquire a property declared a public nuisance. In practice, nobody can explain how.

There was no way to know which properties had been declared. The law requires every municipality to publish a digital inventory. Most don't have one. Those that do publish it in a Facebook post that disappears in days or in a PDF buried on a website nobody updates.

I called municipalities. Nobody could tell me with certainty which properties were declared, which were in process, or which were available for acquisition. I was sent from office to office. Asked to come in person. Told to come back next week.

I came back. Nothing had changed.

I tried to submit a letter of intent. It's the mechanism established by Article 4.012 of the Municipal Code, amended by Law 114-2024, for any citizen to express interest in acquiring a property from the inventory. But there's no official form. No portal. No way to prove you submitted your notification, or when you submitted it, or that you were the first to express interest. Your word against the municipality's. And if someone with connections got there first, you'll never find out.

Meanwhile, I discovered that private companies had been operating in over twenty municipalities with privileged access to property lists. They shared inventories with investors before the public. They charged thousands of dollars per property. They purchased properties through companies related to their own owners. They handled buyer funds without escrow accounts. Some operated with expired licenses. Several became the subject of public investigations.

The problem wasn't the law. The law is good. The problem was that the infrastructure for the law to work didn't exist. There was no real digital platform. No notification mechanism with a public record. No way for a regular citizen to participate in the process without knowing the right official or having a lawyer to open the doors.

So I built it.

What the law says

Article 4.011 of the Puerto Rico Municipal Code (Law 107-2020, amended by Law 114-2024) requires each municipality to publish an inventory of properties declared as public nuisances. That inventory must include the physical location, registry data with liens, cadastral number, owner name, and appraised value of each property.

Law 114-2024 added the requirement to update this inventory quarterly and make it available to the public at City Hall and on the municipality's digital platform or high-reach public social media. That same law amended Article 4.012, which establishes the procedure for any citizen to notify the municipality of their intent to acquire a property from the inventory. And it created Article 4.012A, a summary expropriation procedure that expedites the process and prioritizes individuals with limited access to the traditional housing market.

What this platform does

Estorbos.com does three things.

First, it publishes in one place the information on properties declared as public nuisances that every municipality should be publishing by law. Municipalities that integrate with the platform have their inventory published professionally and kept updated. Those that haven't integrated appear with whatever data we've been able to obtain from public sources.

Second, it allows any citizen to report abandoned properties in their community. Each report is automatically enriched with CRIM cadastral data: cadastral number, owner name, and property value. The municipality receives a file ready to evaluate, not a complaint without data.

Third, we created the first digital carta de intención system in Puerto Rico. A mechanism for anyone to formally notify the municipality of their interest in acquiring a declared property, with a public timestamp that documents the date and time of each notification. You can express your intent directly from any declared property page.

What we're not

We're not a government portal. We have no legal authority to declare properties as public nuisances or initiate expropriation proceedings.

We're not a real estate company. We don't buy properties. We don't sell properties. We don't handle buyer or seller funds. We don't do appraisals. We don't represent anyone in court.

We're a citizen publication and transparency platform. The municipality makes all decisions. We organize and publish the information.

Inventory data comes from official municipal sources and citizen reports. We verify information to the extent possible, but the data depends on municipal sources that aren't always up to date. If you're the owner of a listed property and wish to dispute its inclusion, contact us.

How the platform sustains itself

Full transparency on our model.

The platform is free for citizens. Always.

Municipalities that integrate don't pay for publishing their inventory, receiving citizen reports, or platform maintenance.

The only revenue is a commission on each property that is effectively sold through the legal expropriation process. That commission is paid from the sale proceeds. It does not come from the municipal budget. It does not come from the buyer's pocket.

If no property sells, nobody pays anything.

We have no investors. We have no economic interest in any property. We have no incentive to inflate values, push sales, or prioritize anyone over anyone else. The only scenario where we make money is when the legal process works correctly and a citizen acquires a property that was abandoned.

We publish this here because after what happened with the companies that controlled this process in other municipalities, we believe anyone involved in public nuisance work has an obligation to explain exactly where their money comes from.

Here's ours.

Contact

If you have questions, want to report a data error, or you're a municipal official interested in integrating your municipality:

If you're a municipal official, visit our Municipalities page