San Lorenzo vendió cinco casas abandonadas en un día. El resto de Puerto Rico lleva años esperando.

Cinco propiedades abandonadas vendidas en un solo día. Compradores que licitaron entre $2,000 y $20,000 por encima del precio mínimo. Cero empresas privadas involucradas. Cero organizaciones externas. En marzo de 2026, San Lorenzo celebró la primera subasta pública a viva voz de estorbos públicos en la historia de Puerto Rico. El 6 de mayo va la segunda ronda: 8 propiedades más desde $9,000.

Mientras tanto, el problema de las propiedades abandonadas sigue siendo uno de los más lentos de resolver en la isla. No porque los municipios no quieran actuar, sino porque el modelo que se ha usado durante años no produce resultados a la velocidad que las comunidades necesitan.

En la mayoría de los municipios, el proceso depende de terceros: empresas privadas contratadas para gestionar las expropiaciones, organizaciones sin fines de lucro que identifican propiedades, administran los programas, crean los bancos de tierras, rehabilitan las estructuras, y hasta emiten los préstamos hipotecarios al comprador final. Una sola entidad puede controlar el proceso completo, desde contar la propiedad abandonada hasta financiar a quien la compra. Ese modelo ha producido resultados lentos y señalamientos de falta de transparencia. En enero de 2026, alcaldes de ambos partidos fueron a la Cámara a pedir procesos más rápidos. El Alcalde de Vega Baja reportó 1,500 estorbos identificados. Solo 11 liberados por los tribunales. El de Camuy, 253 con 125 en diferentes etapas administrativas. No es falta de voluntad. Es un sistema que no se mueve a la velocidad del problema.

Y mientras las propiedades esperan, la crisis de vivienda se profundiza. Según el Índice de Vivienda Asequible de Estudios Técnicos de septiembre de 2025, una familia promedio en Puerto Rico solo cuenta con el 56% del ingreso necesario para cualificar para una hipoteca. El precio promedio de una vivienda usada es de $209,284 y el de una nueva llega a $286,234. Hay familias que necesitan un hogar y propiedades que llevan años vacías. Lo que falta es un proceso que conecte lo uno con lo otro.

Lo que hizo San Lorenzo

El Alcalde Jaime Alverio Ramos decidió que su municipio no iba a depender de terceros. En vez de usar el Artículo 4.012 del Código Municipal, donde un ciudadano o empresa inicia y financia el proceso de expropiación, San Lorenzo opera bajo el Artículo 2.018(a)(10) de la misma ley. El municipio actúa primero: identifica la propiedad, notifica al dueño, celebra la vista administrativa, declara el estorbo, expropia el título, y la pone en subasta pública.

El proceso entero lo manejan cuatro empleados municipales. El costo por propiedad ronda los $4,000 a $7,000 sin incluir demolición, según detalló el Alcalde en el Foro de Asuntos Municipales del Colegio de Contadores Públicos en marzo de 2026.

Solo en el casco urbano han identificado 437 propiedades en condiciones de abandono o deterioro. De esas, 187 ya han sido recuperadas por sus dueños, 145 están en proceso de declaración y 105 han sido oficialmente declaradas como estorbos públicos. De esas 105, 33 se encuentran en proceso de reparación por el propietario, otras 33 en proceso de expropiación, 11 en el tribunal, 10 listas para demoler, 16 ya demolidas, 19 listas para subastar y dos vendidas.

Gracias a la Ley 114-2024, el municipio no tiene que depositar dinero alguno al radicar la demanda de expropiación cuando se trata de estorbos públicos. Eso eliminó uno de los obstáculos que más frenaba a los municipios: tener que poner el 100% del valor de tasación en el tribunal antes de poder reclamar la propiedad.

La subasta

Según reportó El Vocero, el Alcalde explicó que las subastas de estorbos tradicionalmente se hacen a sobre cerrado, un formato que genera desconfianza. San Lorenzo optó por hacerlas a viva voz, en el Teatro Priscila Flores, abiertas a todo el público.

Las reglas son claras: identificación vigente y cheque de gerente de $5,000 por propiedad. Ofertas en incrementos de $1,000. Se adjudica a la oferta más alta. El ganador tiene 120 días para pagar el balance. Si no cumple, pierde los $5,000. El municipio entrega la escritura en 30 días y cubre los gastos notariales.

Y hay una protección que importa. Bajo el Artículo 4.014, el comprador tiene un año para rehabilitar la propiedad. Si no lo hace, el municipio la recupera. Eso impide que alguien compre barato para especular sin invertir en la comunidad.

Por qué importa

Este modelo no requiere legislación nueva. El Artículo 2.018(a)(10) está en el Código Municipal desde 2020. La Ley 114-2024 lo reforzó eliminando el requisito de depósito. Las herramientas ya están ahí para los 78 municipios.

La diferencia es que San Lorenzo las usó sin esperar a que un contratista privado o una organización externa viniera a hacerlo por ellos. Y los resultados están a la vista: propiedades vendidas, demoliciones completadas, y una segunda subasta programada.

Pero lo que viene después de la venta es igual de importante. Cinco propiedades vendidas a cinco compradores distintos significa cinco proyectos de rehabilitación independientes. Albañiles, plomeros, electricistas, soldadores, pintores, carpinteros, techadores, brigadas de limpieza, operadores de equipo pesado para demoliciones parciales. Tasadores que evalúan, agrimensores que miden, abogados que revisan títulos, notarios que formalizan escrituras. Materiales que se compran en las ferreterías y almacenes del pueblo. Cinco familias que van a tener un hogar donde antes había un peligro público. Y cinco propiedades que vuelven a pagar contribuciones al CRIM.

Cuando el proceso se centraliza en una sola entidad que controla desde la identificación hasta la rehabilitación, los contratos y las decisiones se concentran. Cuando el municipio vende directamente a ciudadanos individuales en subasta pública, el beneficio económico se distribuye. Cada comprador escoge su propio contratista. Cada proyecto activa su propia cadena de trabajo local. Esa descentralización es parte del diseño del modelo.

Otros municipios ya tomaron nota. La Alcaldesa de Aguas Buenas envió personal a observar la primera subasta. El Alcalde de Vega Baja también. El dinero de las ventas, según reportó El Vocero, alimentaría un fondo municipal para financiar vivienda a personas sin acceso a la banca tradicional.

No es el único camino. Pero es uno que ya produjo resultados.

Próxima subasta: 6 de mayo de 2026

6 de mayo, 10:00 a.m., Teatro Priscila Flores, San Lorenzo. 8 propiedades desde $9,000 hasta $99,000.

Propiedades disponibles: estorbos.com/municipio/san-lorenzo

Información: estorbos@sanlorenzo.gov.pr | 787-736-3511 x355

Portal del municipio: estorbos.sanlorenzo.gov.pr

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Fuentes: Ley 107-2020, Ley 114-2024, Instrucciones Generales para Subasta Pública del Municipio de San Lorenzo, Estudios Técnicos vía Sin Comillas (septiembre 2025), El Nuevo Día (marzo 2026), El Vocero (marzo 2026), Metro Puerto Rico (enero 2026).