¿Quién decide qué pasa con la casa abandonada al lado de la tuya?

El 21 de marzo de 2026, Luis Gallardo Rivera, director ejecutivo del Centro para la Reconstrucción del Hábitat, publicó una columna en El Vocero donde escribió que "pensar que basta con colocar estas propiedades en una lista para que el mercado resuelva el problema es una simplificación peligrosa."

Lee eso otra vez. El director de la organización que recibió $27.9 millones en fondos federales para crear un inventario de propiedades abandonadas acaba de decir que hacer inventarios es una simplificación peligrosa.

Nosotros pensamos diferente. Y lo que estamos viendo todos los días en Estorbos.com nos lo confirma.

Lo que pasa cuando un ciudadano intenta comprar un estorbo

La semana pasada, una ciudadana en el área este fue a su municipio a preguntar por una propiedad abandonada que le interesaba. El ayudante del alcalde le dijo que la propiedad no aparecía en ninguna lista. Le dio el número de la compañía privada que el municipio contrató para manejar estos casos. La ciudadana les explicó que nunca contestan. El funcionario llamó desde un número privado, habló con alguien de la compañía, y la respuesta fue que nunca habían visto esa propiedad.

Nosotros la buscamos. La propiedad estaba publicada en la página oficial de Facebook del propio municipio, en un listado de propiedades disponibles para adquisición, con número de catastro, dirección, metros cuadrados y precio de tasación. El municipio la publicó. Su propio personal no la reconocía. La compañía privada que contrató para manejar el proceso tampoco.

Le enviamos a la ciudadana el enlace directo a la publicación del municipio y le dijimos: lleve esto impreso cuando regrese. Usted tiene derecho a notificar su intención de adquirir esta propiedad bajo el Artículo 4.012 de la Ley 107-2020.

No fue un caso aislado.

Días antes, un ciudadano en la zona norte encontró una propiedad en estorbos.com, llenó la carta de intención, y la llevó personalmente a su municipio. La persona encargada le dijo que esas propiedades no están disponibles porque ya alguien las va a adquirir. El ciudadano nos escribió pidiendo orientación porque no entendía cómo podía ser si la propiedad aparecía en el portal como disponible.

Dos ciudadanos. Dos municipios distintos. Los dos hicieron todo bien. Encontraron la propiedad. Se informaron. Llenaron los documentos. Fueron al municipio en persona. Y a los dos les cerraron la puerta.

Estos no son casos teóricos. Son correos que recibimos esta semana.

Pero la demanda es real

Esos dos casos son personas que encontraron obstáculos. Pero son la excepción, no la norma. Lo que estamos viendo es algo mucho más grande.

Hace una semana, Estorbos.com lanzó un sistema de cartas de intención digitales donde cualquier ciudadano puede expresar su interés en adquirir una propiedad abandonada en su comunidad. En siete días, más de 200 personas lo han hecho.

Doscientas personas que identificaron una propiedad específica, en su barrio, y dijeron: yo la quiero comprar y arreglar. Doscientas personas que están dispuestas a invertir su dinero, su trabajo, y su tiempo en rehabilitar una estructura que hoy le está costando dinero a todos los que viven al lado.

Eso no es "el mercado" resolviendo el problema. Eso es la gente resolviendo el problema. Si la dejaran.

Porque cada una de esas cartas no es solo un papel. Es una cadena económica que se activa en el municipio. Un contratista que se contrata. Materiales que se compran en la ferretería del pueblo. Ayudantes del mismo barrio que consiguen trabajo. Un corredor de bienes raíces que facilita la transacción. Un abogado que revisa títulos. Un tasador que evalúa. Un banco que procesa un préstamo. El CRIM que recibe un contribuyente nuevo. Una aseguradora que emite una póliza. Y un municipio que deja de gastar en limpieza y mantenimiento de ese predio.

Un solo estorbo rehabilitado genera empleos locales, compra de materiales, servicios profesionales e ingresos municipales. Multiplica eso por doscientos. En una semana. Con una herramienta digital gratuita.

Y el impacto no termina en quien compra. La familia que va a vivir en esa propiedad rehabilitada es una familia que llevaba años buscando vivienda accesible. Son los jóvenes que no se van de la isla si tienen dónde vivir. Son las madres solteras que dejan de pagar alquileres que se comen la mitad de su ingreso. Son los viejos que pueden quedarse en su comunidad en vez de ser desplazados por los precios que imponen los inversionistas de afuera. Y los vecinos ven cómo el valor de su propia propiedad empieza a recuperarse, cómo las plagas disminuyen, cómo el barrio se siente más seguro.

Todo eso porque alguien tuvo acceso a la información y la oportunidad de actuar. Eso es desarrollo económico real. Desde abajo. Sin intermediarios.

Y ahora mira lo que propone la Legislatura

Hay diez medidas activas en la Legislatura relacionadas a estorbos públicos. Las cubrimos en detalle en otro artículo. Pero cuando las miras todas juntas, el patrón es claro: cada una añade una capa nueva entre el ciudadano y la propiedad abandonada.

Un proyecto quiere que los 78 municipios creen Bancos de Tierra Comunitarios, 78 corporaciones sin fines de lucro nuevas que adquieren y administran propiedades. Otro quiere que las organizaciones sin fines de lucro puedan saltarse las restricciones que le aplican a los demás si certifican vivienda asequible. Otro crea listas de prioridad donde el gobierno decide quién compra primero.

¿Y sabes quién no aparece en ninguno de esos proyectos?

La ciudadana que fue al municipio con toda la información y le dijeron que la propiedad no existía. El ciudadano que llenó los papeles y le cerraron la puerta. Las más de 200 personas que ya levantaron la mano y dijeron "yo quiero esa propiedad y quiero arreglarla."

Ninguno de esos proyectos resuelve lo que le pasó a esas personas. Ninguno crea un sistema donde el ciudadano pueda verificar si lo que le dice el municipio es cierto. Ninguno obliga a que el proceso sea transparente de principio a fin. Lo que hacen es añadir más entidades, más trámites y más intermediarios encima de un sistema que ya le está fallando a la gente.

Lo que le cuesta a tu bolsillo

Esto no es abstracto. Cada estorbo público en tu barrio te está sacando dinero del bolsillo ahora mismo.

Si eres dueño de una propiedad al lado de un estorbo, la tuya vale menos. Cuando viene el tasador, eso se refleja. Si necesitas vender, tienes menos compradores dispuestos a ofertar. Si necesitas refinanciar, el banco te ofrece menos. Si necesitas un préstamo con tu casa de colateral, el monto baja.

Si estás pagando seguro, el deterioro del barrio te sube la prima. Si pagas contribuciones al CRIM, estás cargando con la parte que la propiedad abandonada no paga. Y si la propiedad se convierte en foco de actividad ilegal, los costos en seguridad, salud y calidad de vida los absorbe la comunidad entera.

Pero hay un costo más grande del que nadie habla: el costo de oportunidad. Cada propiedad abandonada que podría ser vivienda accesible y no lo es, es una familia que no tiene dónde vivir. Es un joven que se va de la isla porque no puede costear un hogar. Es un negocio que no abre porque el barrio se ve abandonado. Es una comunidad que se sigue encogiendo mientras las casas se siguen cayendo.

Cuando un ciudadano compra un estorbo, lo repara y lo habita, todos esos costos se revierten de golpe. El valor del barrio sube. El CRIM recibe un contribuyente. El municipio gasta menos. La comunidad crece. Y la economía local se activa con cada contratista, cada ferretería, cada profesional que participa en la rehabilitación.

Pero para que eso pase, el ciudadano necesita dos cosas: acceso a la información y un camino claro para actuar. Hoy no tiene ni lo uno ni lo otro. Le dicen que la propiedad no existe cuando sí existe. Le dicen que ya está comprometida sin mostrarle prueba. Le mandan a llamar a una compañía privada que no contesta. Y le cierran la puerta en la cara.

Lo que funciona en el resto del mundo

No hay que inventar la rueda. En comunidades deterioradas alrededor del mundo, lo que ha funcionado para revitalizarlas es lo más simple que hay: dejar que la gente que vive ahí lo haga.

¿Cómo? Reduciendo barreras. Simplificando procesos. Dándole al ciudadano que quiere comprar, reparar y habitar una propiedad abandonada un camino claro, rápido y que no le cueste una fortuna.

Eso no quiere decir que no haya reglas. Quiere decir que las reglas sirven al ciudadano, no al revés.

Imagínate un proceso donde el vecino interesado pueda ir al municipio y decir "yo quiero comprar esa propiedad" y que el municipio no le pueda decir que no existe cuando ellos mismos la publicaron. Plazos cortos y obligatorios para que el municipio conteste. Un registro público donde puedas ver quién ha expresado interés y en qué etapa está el proceso, para que nadie te pueda decir "ya está comprometida" sin que tú puedas verificarlo. Financiamiento real para la reparación, no líneas de crédito operadas por entidades afiliadas a los mismos que diagnostican el problema, sino préstamos accesibles de bancos de verdad. Y un inventario donde cualquiera pueda ver desde su celular qué propiedades están disponibles en su barrio.

Nada de eso requiere crear 78 corporaciones sin fines de lucro nuevas. Nada de eso requiere que una organización se certifique como intermediaria. Nada de eso cuesta $28 millones.

Y ya tenemos la prueba de que la demanda existe. Más de 200 cartas de intención en siete días. Lo que falta no es la voluntad del pueblo. Lo que falta es un sistema que no le cierre la puerta en la cara.

Pregúntate quién se beneficia de la opacidad

Cuando el proceso no es transparente, siempre hay alguien que se beneficia de esa oscuridad.

Cuando un municipio le dice a un ciudadano que la propiedad "no está en ninguna lista" a pesar de que el propio municipio la publicó, alguien se está beneficiando de que tú no tengas acceso a la información. Cuando una compañía privada contratada por el municipio dice que nunca ha visto una propiedad que está en el inventario público, alguien se está beneficiando de la falta de transparencia. Cuando te dicen que una propiedad "ya está comprometida" sin mostrarte ningún registro, alguien está decidiendo por ti sin darte la oportunidad de competir.

Ahora añádele lo que propone la Legislatura. Un Banco de Tierra Comunitario obligatorio que necesita junta directiva, personal, presupuesto y un inventario de propiedades para funcionar. ¿Quién provee los datos? ¿Quién asesora a los municipios? ¿Quién tiene la "experiencia"? Alguien va a cobrar por cada una de esas respuestas. Y ese alguien probablemente ya tiene el contrato o lo está buscando.

Un sistema donde las organizaciones sin fines de lucro pueden certificar vivienda asequible y saltarse la fila crea un incentivo peligroso: entre más difícil sea para ti comprar directamente, más valioso es el sello de la organización que puede entrar antes que tú. Tu dificultad para acceder a la propiedad se convierte en el modelo de negocio del intermediario. La escasez que tú sufres es la ganancia de otro.

Y un proyecto que le prohíbe a los municipios tocar las propiedades de Vivienda, sin importar en qué condición estén, protege a la agencia que administra los fondos federales de tener que rendir cuentas. Si tu municipio no puede declarar estorbo público la propiedad de Vivienda que se está desbaratando al lado de tu casa, nadie puede obligar a Vivienda a actuar.

Gallardo tiene razón en algo: el modelo actual no funciona. Pero la solución no es meter más intermediarios entre la comunidad y la propiedad. La solución es quitar los que sobran y hacer el proceso transparente.

Lo que Puerto Rico necesita de verdad

Puerto Rico no necesita 78 corporaciones nuevas administrando propiedades abandonadas.

Necesita un inventario público y completo de cada estorbo en cada municipio, con dirección, dueño, condición y estatus legal, que cualquier persona pueda consultar desde su celular. San Juan ya lo tiene. Estorbos.com lo tiene. Gratis. Público. Sin veintiocho millones de dólares.

Necesita un proceso transparente de principio a fin. Que cuando un ciudadano vaya al municipio con una carta de intención, no le puedan decir que la propiedad no existe cuando ellos mismos la publicaron. Que haya un registro público de quién ha expresado interés en cada propiedad y en qué etapa va el proceso. Que ninguna compañía privada pueda ser un muro entre el ciudadano y la información que le pertenece.

Necesita un camino directo donde el ciudadano que quiere comprar y reparar un estorbo pueda hacerlo sin pasar por una corporación intermediaria, sin esperar a que una organización certifique primero, y sin quedar de último en una lista de prioridad diseñada por personas que nunca han vivido al lado de una casa abandonada.

Y necesita confiar en su propia gente. Porque la gente ya demostró que está lista. Más de 200 personas en una semana no esperaron a que la Legislatura aprobara un proyecto, ni a que un Banco de Tierra Comunitario abriera sus puertas, ni a que una organización sin fines de lucro les diera permiso. Dijeron: yo quiero esa propiedad y quiero arreglarla.

Cada una de esas personas representa un contratista que se contrata, materiales que se compran en la ferretería del pueblo, un corredor que cobra su comisión, un municipio que recibe un contribuyente nuevo, una familia que encuentra hogar, y un barrio que empieza a recuperarse.

La pregunta que nadie hace

Gallardo escribió que poner propiedades en una lista es una "simplificación peligrosa."

Nosotros creemos exactamente lo contrario.

Lo peligroso es que una ciudadana vaya a su municipio y le digan que la propiedad no existe cuando el propio municipio la publicó. Lo peligroso es que un ciudadano llene los papeles y le cierren la puerta sin mostrarle un solo registro. Lo peligroso es que se gasten millones en programas que no producen datos verificables. Lo peligroso es legislar sistemas enteros que dependen de información que nadie puede consultar. Lo peligroso es añadir capas y capas entre la comunidad y la solución mientras las propiedades se siguen cayendo, las familias se siguen yendo, y la economía local se sigue apagando.

La casa abandonada al lado de la tuya no se va a arreglar con una resolución del Senado. No se va a arreglar con un Banco de Tierra Comunitario que todavía no existe. No se va a arreglar con una certificación de vivienda asequible firmada por una organización que nunca ha puesto un pie en tu barrio.

Se va a arreglar cuando alguien de tu comunidad tenga la oportunidad de comprarla, repararla y vivir en ella. Y lo único que el sistema tiene que hacer es dejar de cerrarle la puerta.

Más de 200 personas ya levantaron la mano. La pregunta es si alguien en el Capitolio está escuchando.

Pero claro, eso no genera contratos de $28 millones. Así que no esperes que nadie lo proponga.

Estorbos.com es una plataforma independiente de datos sobre propiedades abandonadas en Puerto Rico. Nuestro inventario y sistema de cartas de intención son públicos, gratuitos y verificables.