Lo que pasó con las empresas privadas que manejaban los estorbos públicos en Puerto RicoWhat happened with the private companies that managed public nuisances in Puerto Rico
Entre 2017 y 2023, más de 20 municipios en Puerto Rico firmaron contratos con empresas privadas para que administraran sus programas de estorbos públicos. La idea era que el municipio no tuviera que pagar por adelantado: la empresa asumía los costos del proceso legal y se cobraba una comisión al momento de la venta.
En teoría, sonaba eficiente. En la práctica, creó uno de los esquemas de conflicto de interés más amplios en la historia reciente de la administración municipal puertorriqueña.
Cómo funcionaba el modelo
El municipio le otorgaba a una empresa privada el rol de agente municipal para todo el proceso de estorbos públicos. La misma empresa se encargaba de:
- Identificar las propiedades candidatas a declaración
- Coordinar las inspecciones y el proceso de declaración
- Realizar o coordinar las tasaciones
- Representar al municipio legalmente en los procesos de expropiación
- Notarizar los documentos de transferencia
- Tramitar la venta de las propiedades a compradores
- Cobrar comisiones por cada transacción
Todo el ciclo, desde la identificación hasta la venta, estaba en manos de la misma entidad.
Qué se descubrió
En marzo de 2023, el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) publicó una investigación que reveló múltiples problemas con este modelo. Entre los hallazgos:
Las empresas cobraban miles de dólares por propiedad en gastos y honorarios que se descontaban de la justa compensación que le correspondía al dueño original. En muchos de los casos que el CPI revisó, los propietarios originales no recibieron compensación alguna.
Las empresas operaban con licencias de bienes raíces vencidas. Una de las empresas principales tenía su licencia vencida desde marzo de 2022 y no la había renovado.
Se reportaron casos de propiedades habitadas que fueron declaradas estorbo público y vendidas a terceros sin que el ocupante fuera debidamente notificado.
Las listas de propiedades declaradas no se publicaban. Según la directora de abogacía de una organización sin fines de lucro que trabaja con estorbos públicos, las listas se compartían de manera privada con inversionistas en lugar de hacerse públicas como la ley exige.
Empresas relacionadas con los mismos dueños de la compañía administradora adquirían propiedades del inventario, creando un ciclo donde la entidad que controlaba el proceso también se beneficiaba económicamente de los resultados.
Los municipios no tenían visibilidad sobre las transacciones. Según el CPI, la empresa no proveyó la lista completa de estorbos vendidos ni sus precios de venta.
La reacción legislativa
Los portavoces del Partido Independentista Puertorriqueño en el Senado y la Cámara refirieron el caso al Departamento de Justicia en marzo de 2023, imputando posibles violaciones de ley en la administración de los contratos.
Varios municipios cancelaron sus contratos con la empresa principal, incluyendo Arecibo, Loíza, Humacao, Canóvanas y Cidra.
En enero de 2026, el Departamento de Justicia cerró su investigación sin presentar cargos criminales, aunque reconoció que hubo daño civil a ciudadanos afectados por las transacciones.
La Ley 114-2024, firmada en julio de 2024, enmendó el Código Municipal para crear salvaguardas específicas contra este tipo de abuso:
El Artículo 4.012A establece explícitamente que el procedimiento sumario de expropiación no puede utilizarse para beneficiar a terceros adquirientes, incluyendo inversionistas del mercado inmobiliario.
La ley creó un periodo de prioridad de un año para personas con acceso limitado al mercado de vivienda. Durante ese primer año, estas personas no se consideran terceros adquirientes y tienen prioridad.
El Artículo 4.011 ahora requiere que los inventarios estén disponibles al público en la Casa Alcaldía, y en la plataforma digital del municipio o red social de alto alcance público, con actualización trimestral - eliminando la excusa de listas privadas.
Qué sigue sin resolverse
La ley mejoró. Pero la infraestructura no existe.
A febrero de 2026, solo 2 de los 78 municipios publican su inventario en una plataforma digital permanente y buscable. La ley requiere disponibilidad en la Casa Alcaldía, y en la plataforma digital del municipio o red social de alto alcance público, lo que técnicamente podría incluir Facebook. Pero en la práctica, los municipios que publican declaraciones en posts de Facebook no cumplen con el requisito de actualización trimestral del Artículo 4.011, y esos posts desaparecen del feed en días, haciendo imposible que un ciudadano busque el inventario completo.
No existe un mecanismo oficial de notificación de intención de adquirir. El Artículo 4.012(a) dice que el ciudadano "notificará al municipio" pero no dice cómo. No hay formulario, no hay portal, no hay registro público.
No hay un sistema de tracking para verificar si ciudadanos demostraron interés durante el periodo de prioridad de un año. Sin ese registro, el municipio puede declarar que nadie demostró interés y abrir la propiedad a inversionistas.
El Departamento de Vivienda contrató a una organización sin fines de lucro con $11.2 millones en fondos federales para crear un inventario a nivel isla. El inventario preliminar identificó 37,225 propiedades vacantes. Pero según reportes de prensa, esos datos no habían sido entregados a los municipios a la fecha de la publicación.
Por qué creamos estorbos.com
Esta plataforma existe para llenar los tres vacíos que la ley creó pero no resolvió:
1. Publicación del inventario: Publicamos la información que los municipios deberían estar publicando, en un formato accesible y buscable.
2. Reportes ciudadanos: Permitimos que cualquier ciudadano reporte propiedades abandonadas con datos verificables, para que el municipio reciba expedientes organizados en lugar de quejas sin datos.
3. Carta de intención digital: Creamos el primer sistema que le da al ciudadano un registro público y verificable de su intención de adquirir, con timestamp documentado. Puedes expresar tu intención directamente desde la página de cualquier propiedad declarada.
No somos una empresa de bienes raíces. No compramos propiedades. No manejamos dinero. No hacemos tasaciones. No representamos a nadie en tribunal. Somos una plataforma de publicación y transparencia. El municipio toma todas las decisiones.
Para la guía completa del proceso de adquisición, lee: Cómo adquirir una propiedad declarada estorbo público en Puerto Rico
Between 2017 and 2023, over 20 municipalities in Puerto Rico signed contracts with private companies to manage their public nuisance programs. The idea was that the municipality would not have to pay upfront: the company assumed the legal process costs and collected a commission at the time of sale.
In theory, it sounded efficient. In practice, it created one of the broadest conflict-of-interest schemes in the recent history of Puerto Rican municipal administration.
How the model worked
The municipality granted a private company the role of municipal agent for the entire public nuisance process. The same company was responsible for:
- Identifying candidate properties for declaration
- Coordinating inspections and the declaration process
- Conducting or coordinating appraisals
- Legally representing the municipality in expropriation proceedings
- Notarizing transfer documents
- Processing the sale of properties to buyers
- Collecting commissions on each transaction
The entire cycle, from identification to sale, was in the hands of the same entity.
What was discovered
In March 2023, the Centro de Periodismo Investigativo (CPI) published an investigation that revealed multiple problems with this model. Among the findings:
The companies charged thousands of dollars per property in expenses and fees that were deducted from the just compensation owed to the original owner. In many of the cases the CPI reviewed, the original property owners received no compensation at all.
The companies operated with expired real estate licenses. One of the main companies had its license expired since March 2022 and had not renewed it.
There were reported cases of inhabited properties that were declared public nuisances and sold to third parties without the occupant being properly notified.
The lists of declared properties were not published. According to the advocacy director of a nonprofit organization that works with public nuisances, the lists were shared privately with investors instead of being made public as the law requires.
Companies related to the same owners of the managing company acquired properties from the inventory, creating a cycle where the entity that controlled the process also benefited economically from the results.
The municipalities had no visibility into the transactions. According to the CPI, the company did not provide the complete list of sold nuisances or their sale prices.
The legislative reaction
The spokespersons of the Puerto Rican Independence Party in the Senate and the House referred the case to the Department of Justice in March 2023, alleging possible law violations in the administration of the contracts.
Several municipalities canceled their contracts with the main company, including Arecibo, Loiza, Humacao, Canovanas, and Cidra.
In January 2026, the Department of Justice closed its investigation without filing criminal charges, though it acknowledged civil harm to citizens affected by the transactions.
Law 114-2024, signed in July 2024, amended the Municipal Code to create specific safeguards against this type of abuse:
Article 4.012A explicitly establishes that the summary expropriation procedure cannot be used to benefit third-party acquirers, including real estate investors.
The law created a one-year priority period for people with limited access to the housing market. During that first year, these people are not considered third-party acquirers and have priority.
Article 4.011 now requires inventories to be available to the public at City Hall and on the municipality's digital platform or high-reach public social media, with quarterly updates - eliminating the excuse of private lists.
What remains unresolved
The law improved. But the infrastructure does not exist.
As of February 2026, only 2 of 78 municipalities publish their inventory on a permanent, searchable digital platform. The law requires availability at City Hall, and on the municipality's digital platform or high-reach public social media, which could technically include Facebook. But in practice, municipalities that post declarations on Facebook don't comply with Article 4.011's quarterly update requirement, and those posts disappear from the feed within days, making it impossible for a citizen to search the complete inventory.
There is no official mechanism for notifying intent to acquire. Article 4.012(a) says the citizen "will notify the municipality" but does not say how. There is no form, no portal, no public record.
There is no tracking system to verify whether citizens demonstrated interest during the one-year priority period. Without that record, the municipality can declare that nobody demonstrated interest and open the property to investors.
The Department of Housing contracted a nonprofit organization with $11.2 million in federal funds to create an island-wide inventory. The preliminary inventory identified 37,225 vacant properties. But according to press reports, that data had not been delivered to the municipalities as of the publication date.
Why we created estorbos.com
This platform exists to fill the three gaps that the law created but did not resolve:
1. Inventory publication: We publish the information that municipalities should be publishing, in an accessible and searchable format.
2. Citizen reports: We allow any citizen to report abandoned properties with verifiable data, so the municipality receives organized case files instead of complaints without data.
3. Digital carta de intencion: We created the first system that gives citizens a public and verifiable record of their intent to acquire, with a documented timestamp. You can express your intent directly from any declared property page.
We are not a real estate company. We do not buy properties. We do not handle money. We do not do appraisals. We do not represent anyone in court. We are a publication and transparency platform. The municipality makes all the decisions.
For the complete acquisition process guide, read: How to acquire a property declared a public nuisance in Puerto Rico