Lo que paso con las empresas privadas que manejaban los estorbos publicos en Puerto Rico

Entre 2017 y 2023, más de 20 municipios en Puerto Rico firmaron contratos con empresas privadas para que administraran sus programas de estorbos públicos. La idea era que el municipio no tuviera que pagar por adelantado: la empresa asumía los costos del proceso legal y se cobraba una comisión al momento de la venta.

En teoría, sonaba eficiente. En la práctica, creó uno de los esquemas de conflicto de interés más amplios en la historia reciente de la administración municipal puertorriqueña.

Cómo funcionaba el modelo

El municipio le otorgaba a una empresa privada el rol de agente municipal para todo el proceso de estorbos públicos. La misma empresa se encargaba de:

• Identificar las propiedades candidatas a declaración
• Coordinar las inspecciones y el proceso de declaración
• Realizar o coordinar las tasaciones
• Representar al municipio legalmente en los procesos de expropiación
• Notarizar los documentos de transferencia
• Tramitar la venta de las propiedades a compradores
• Cobrar comisiones por cada transacción

Todo el ciclo, desde la identificacion hasta la venta, estaba en manos de la misma entidad.

Qué se descubrió

En marzo de 2023, el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) publicó una investigación que reveló múltiples problemas con este modelo. Entre los hallazgos:

Las empresas cobraban miles de dólares por propiedad en gastos y honorarios que se descontaban de la justa compensación que le correspondía al dueño original. En muchos de los casos que el CPI revisó, los propietarios originales no recibieron compensación alguna.

Las empresas operaban con licencias de bienes raíces vencidas. Una de las empresas principales tenía su licencia vencida desde marzo de 2022 y no la había renovado.

Se reportaron casos de propiedades habitadas que fueron declaradas estorbo público y vendidas a terceros sin que el ocupante fuera debidamente notificado.

Las listas de propiedades declaradas no se publicaban. Según la directora de abogacía de una organización sin fines de lucro que trabaja con estorbos públicos, las listas se compartían de manera privada con inversionistas en lugar de hacerse públicas como la ley exige.

Empresas relacionadas con los mismos dueños de la compañía administradora adquirían propiedades del inventario, creando un ciclo donde la entidad que controlaba el proceso también se beneficiaba económicamente de los resultados.

Los municipios no tenían visibilidad sobre las transacciones. Según el CPI, la empresa no proveyó la lista completa de estorbos vendidos ni sus precios de venta.

La reacción legislativa

Los portavoces del Partido Independentista Puertorriqueño en el Senado y la Cámara refirieron el caso al Departamento de Justicia en marzo de 2023, imputando posibles violaciones de ley en la administración de los contratos.

Varios municipios cancelaron sus contratos con la empresa principal, incluyendo Arecibo, Loíza, Humacao, Canóvanas y Cidra.

La Ley 114-2024, firmada en julio de 2024, enmendó el Código Municipal para crear salvaguardas específicas contra este tipo de abuso:

El Artículo 4.012A establece explícitamente que el procedimiento sumario de expropiación no puede utilizarse para beneficiar a terceros adquirientes, incluyendo inversionistas del mercado inmobiliario.

La ley creó un periodo de prioridad de un año para personas con acceso limitado al mercado de vivienda. Durante ese primer año, estas personas no se consideran terceros adquirientes y tienen prioridad.

El Artículo 4.011 ahora requiere que los inventarios se publiquen en plataformas digitales y se actualicen trimestralmente, eliminando la excusa de listas privadas.

Qué sigue sin resolverse

La ley mejoró. Pero la infraestructura no existe.

A febrero de 2026, solo 2 de los 78 municipios publican su inventario en una plataforma digital permanente y buscable. La ley permite publicación en "plataforma digital o red social de alto alcance público," lo que técnicamente podría incluir Facebook. Pero en la práctica, los municipios que publican declaraciones en posts de Facebook no cumplen con el requisito de actualización trimestral del Artículo 4.011, y esos posts desaparecen del feed en días, haciendo imposible que un ciudadano busque el inventario completo.

No existe un mecanismo oficial de notificación de intención de adquirir. El Artículo 4.012(a) dice que el ciudadano "notificará al municipio" pero no dice cómo. No hay formulario, no hay portal, no hay registro público.

No hay un sistema de tracking para verificar si ciudadanos demostraron interés durante el periodo de prioridad de un año. Sin ese registro, el municipio puede declarar que nadie demostró interés y abrir la propiedad a inversionistas.

El Departamento de Vivienda contrató a una organización sin fines de lucro con $11.2 millones en fondos federales para crear un inventario a nivel isla. El inventario preliminar identificó 37,225 propiedades vacantes. Pero según reportes de prensa, esos datos no habían sido entregados a los municipios a la fecha de la publicación.

Por qué creamos estorbos.com

Esta plataforma existe para llenar los tres vacíos que la ley creó pero no resolvió:

1. Publicación del inventario: Publicamos la información que los municipios deberían estar publicando, en un formato accesible y buscable.

2. Reportes ciudadanos: Permitimos que cualquier ciudadano reporte propiedades abandonadas con datos verificables, para que el municipio reciba expedientes organizados en lugar de quejas sin datos.

3. Carta de intención digital: Estamos construyendo el primer sistema que le da al ciudadano un registro público y verificable de su intención de adquirir, con timestamp y posición en la fila.

No somos una empresa de bienes raíces. No compramos propiedades. No manejamos dinero. No hacemos tasaciones. No representamos a nadie en tribunal. Somos una plataforma de publicación y transparencia. El municipio toma todas las decisiones.

Para la guía completa del proceso de adquisición, lee: Cómo adquirir una propiedad declarada estorbo público en Puerto Rico