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Al que gane la subasta de vivienda asequible le espera pagar de más, correr al banco y reparar una casa declarada estorbo. Eso no es asequible. La ruta corta ya es legal: vender solares directo, financiados por el municipio sin pronto, pagados con lo que recaudan las subastas al mejor postor.
Read article →Cuarenta y cuatro licitadores participaron el 25 de junio en las primeras subastas de estorbos públicos de Isabela. Las cinco propiedades a viva voz se adjudicaron por $343,500, dos veces y media sus precios mínimos, y las dos viviendas de la subasta asequible, la primera de su tipo en Puerto Rico, recibieron ofertas de hasta $90,250. La Junta de Subastas tiene 60 días para adjudicarlas.
Usamos la Ley de Transparencia para sacarle a Vivienda los expedientes del contrato de propiedades vacantes del CRH. En la lista de casas "vacantes" había escuelas, iglesias, un vagón, fotos de animales muertos y casas con familias viviendo adentro. Casi nueve millones, cero informes finales, y una organización que terminó tan quebrada como las casas que iba a salvar.
Las propiedades abandonadas de Puerto Rico llevaban años congeladas. Ahora hay movimiento. San Lorenzo demostró que un municipio puede rescatar una casa abandonada y venderla en subasta pública, e Isabela ya se suma: el 25 de junio celebra dos subastas, una de ellas dedicada a vivienda asequible.
El PS 777 pasó por el Senado y la Cámara y espera la firma de la Gobernadora. Si lo firma, cambia las reglas que usan los municipios para tratar con las propiedades abandonadas en Puerto Rico: cómo se declaran estorbo público, qué plazos tendrá el dueño, cómo se cobran los gastos y quién termina con la propiedad.
San Lorenzo celebró la primera subasta pública a viva voz de estorbos públicos en la historia de Puerto Rico. Vendió cinco propiedades en un día, sin intermediarios, con personal municipal. El 6 de mayo subasta 8 más desde $9,000.
Registros corporativos, planillas federales y récords de propiedad muestran empresas privadas y un fondo de inversión registrados por personal del Centro para la Reconstrucción del Hábitat (CRH), la organización sin fines de lucro que administra $28 millones en fondos federales para propiedades abandonadas en Puerto Rico. El CRH sostiene que esas empresas no tienen contratos gubernamentales.
La Legislatura quiere crear más entidades, más procesos y más intermediarios para manejar los estorbos públicos. Mientras tanto, ciudadanos que intentan comprar propiedades abandonadas están siendo rechazados por un sistema que no reconoce sus propios datos.
El CRH obtuvo un contrato federal que llegó a $27.9 millones para inventariar propiedades abandonadas. En sus planillas reportó cero empleados. Clasificó $5.4 millones como pago a "personas descalificadas" y no identificó a ninguna. Y no hay un inventario público que un ciudadano pueda consultar.