Cómo funciona el proceso de estorbos públicos en AreciboHow the public nuisance process works in Arecibo
El 9 de febrero de 2024, la Legislatura Municipal de Arecibo aprobó la Ordenanza Núm. 29, Serie 2023-2024, firmada por el alcalde Hon. Carlos R. Ramírez Irizarry el 13 de febrero de 2024. La ordenanza derogó la ordenanza de estorbos de 2021-2022 y adoptó el Reglamento para la Declaración de Estorbos Públicos del Municipio Autónomo de Arecibo. Esta guía explica el proceso paso a paso.
Qué establece la Ordenanza Núm. 29
La Ordenanza Núm. 29, Serie 2023-2024 (P. de O. Núm. 85) fue aprobada por la Legislatura Municipal de Arecibo el 9 de febrero de 2024, con 12 votos a favor, 2 en contra y 1 legislador excusado, y firmada por el alcalde Hon. Carlos R. Ramírez Irizarry el 13 de febrero de 2024. Derogó la Ordenanza Núm. 1, Serie 2021-2022, y adoptó el Reglamento para la Declaración de Estorbos Públicos.
El reglamento crea el marco del Programa de Manejo y Administración de Estorbos Públicos, que se administra a través de la Oficina de Manejo y Erradicación de Estorbos Públicos. Define qué es un estorbo público, cómo se identifica, cómo se notifica al dueño, la vista administrativa, la declaración, las multas, y las vías de expropiación y disposición.
Un detalle de fechas importa: la Ordenanza Núm. 29 se aprobó en febrero de 2024, antes de la Ley 114-2024, que entró en vigor el 29 de julio de 2024 y enmendó el Código Municipal. Por eso el reglamento de Arecibo no incorpora el procedimiento sumario de expropiación del Artículo 4.012A —que la Ley 114-2024 creó— ni una escalera mensual de multas; se construyó sobre el Código Municipal tal como estaba entonces.
Cita legal: Ordenanza Núm. 29 (Serie 2023-2024) · Reglamento Art. 1 · Ley 107-2020
Las leyes detrás del reglamento
El reglamento de estorbos públicos de Arecibo se apoya en:
Ley 107-2020 (Código Municipal de Puerto Rico). El Capítulo II del Libro IV (Artículos 4.007 y siguientes) establece el marco general de la restauración de comunidades: identificación, vista ante un Oficial Examinador, declaración de estorbo público, expropiación y retracto convencional. El Artículo 1.009 reconoce la facultad del municipio de imponer multas administrativas; los Artículos 1.050 y 4.013 rigen la revisión judicial.
Ley 38-2017 (Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme). El reglamento se promulga también al amparo de la LPAU, que rige los procedimientos administrativos del gobierno.
Código Civil (Ley 55-2020). Aporta las definiciones de propiedad, y rige la herencia cuando no hay herederos (Artículo 1727) y el retracto convencional.
El reglamento se adoptó en febrero de 2024, de modo que refleja el Código Municipal antes de las enmiendas de la Ley 114-2024. No cita, por tanto, el procedimiento sumario del Artículo 4.012A ni las facultades que esa ley añadió.
Cita legal: Reglamento Art. 1 · Art. 4.007 · Art. 1.009 · Art. 1.050 · Art. 4.013 · Ley 107-2020 · Ley 38-2017 · Código Civil
El proceso paso a paso
El Artículo 9 del reglamento estructura el proceso de identificación y declaración.
1. Identificación e investigación. La Oficina de Manejo y Erradicación de Estorbos Públicos realiza estudios para identificar propiedades que por sus condiciones deban calificarse como estorbo público. Por cada caso identificado se abre un expediente con número de caso, con fotografías y la documentación del estudio. Un representante autorizado puede entrar a inspeccionar, sin violentar derechos y causando el menor inconveniente posible.
2. Investigación del dueño. Si la propiedad reúne los elementos de un estorbo, la Oficina investiga en el Registro de la Propiedad, el CRIM, o por cualquier medio razonable, para determinar quién es el propietario o la persona con interés y su dirección.
3. Notificación de la intención de declarar. La Oficina notifica a los querellados la intención del municipio de declarar la propiedad estorbo público, e informa del derecho a oponerse y a solicitar una vista ante un Oficial Examinador. El querellado tiene un término de 20 días para oponerse.
4. Vista o declaración. Si el querellado solicita vista, se celebra ante un Oficial Examinador (ver la sección siguiente). Si no se opone dentro de los 20 días, el municipio puede declarar la propiedad estorbo público sin más citarle ni oírle.
5. Declaración final y plazo para subsanar. El municipio, a través del Director, declara la propiedad estorbo público mediante Resolución. Desde la notificación, el propietario tiene 60 días para limpiar o ejecutar las obras necesarias. Si no lo hace, el municipio interviene a su costo y reclama los gastos.
Cita legal: Reglamento Arts. 9, 10, 11 · Art. 4.008 · Art. 4.010
Cómo te notifica Arecibo
El Artículo 9 del reglamento establece cómo se notifica la intención de declarar una propiedad estorbo público. La notificación debe cumplir sustancialmente con la Regla 4 de Procedimiento Civil, y puede hacerse de tres maneras:
- Por entrega personal, con constancia firmada de la fecha, el lugar y la persona que recibió la notificación.
- Por correo certificado con acuse de recibo y entrega restringida, a la última dirección conocida que tenga el municipio.
- Por edicto, cuando se ignora el paradero del propietario o la persona con interés. Tras certificar por escrito que las diligencias razonables resultaron infructuosas, se publican avisos en un (1) periódico impreso de circulación general o regional y uno (1) digital, sin orden judicial previa. Un mismo aviso puede incluir varias propiedades.
La notificación informa del derecho a oponerse y a solicitar una vista administrativa ante un Oficial Examinador, dentro del término de 20 días desde el recibo de la notificación o la publicación del edicto.
Cita legal: Reglamento Art. 9 · Regla 4 de Procedimiento Civil
La vista administrativa
Si el querellado solicita una vista, se celebra ante un Oficial Examinador —abogado o ingeniero licenciado— designado por la Oficina. Si el municipio no cuenta con uno, puede contratarlo o entrar en un acuerdo de colaboración con otro municipio.
Cuando el querellado solicita la vista, la fecha se le notifica dentro de los 60 días siguientes al recibo de la solicitud. La notificación de la vista se hace con no menos de 10 días de anticipación. La vista no se suspende salvo por justa causa, solicitada por escrito al menos 5 días antes; el Oficial Examinador puede ordenar el pago de $45 por reseñalamiento de vista cuando lo entienda procedente.
El Oficial Examinador evalúa la prueba y emite una Orden con uno de tres resultados:
- Cierre y archivo. La propiedad no debe declararse estorbo; se concluye el proceso.
- Reparación, limpieza o mantenimiento. La propiedad es un estorbo pero se puede reparar: se ordenan las obras en un plazo razonable no mayor de 30 días, con prórrogas que en conjunto no exceden de un (1) año.
- Demolición. La propiedad es un estorbo y no se puede reparar por su estado de ruina: se ordena la demolición y limpieza en un plazo no mayor de 30 días, con una prórroga posible de tres meses.
La Orden indica la fecha de archivo en autos; a partir del depósito en el correo de la notificación corren 20 días para solicitar revisión judicial ante el Tribunal de Primera Instancia.
Cita legal: Reglamento Art. 10 · Art. 4.009 · Art. 1.050 · Art. 4.013
Las multas
El reglamento de Arecibo no usa una escalera mensual de multas. Tiene una estructura más simple, con dos momentos.
Multas administrativas antes de la declaración (Art. 19). Cuando una propiedad presenta las condiciones del Artículo 8, la Policía Municipal y Auxiliar, la Policía Estatal, los inspectores de la Oficina de Permisos y las personas designadas por el municipio pueden expedir un boleto de requerimiento y advertencia, que da 10 días para cumplir. Si no se cumple en ese plazo y no se muestra justa causa, se expide un boleto por falta administrativa de $500. A partir de esa multa, cada día adicional de incumplimiento es una falta adicional, con una multa por día, hasta un máximo de 10 días adicionales.
Multa después de la declaración (Art. 12). Vencido el plazo de la Orden, la Oficina inspecciona la propiedad. Si la condición de estorbo se eliminó satisfactoriamente, la propiedad sale del inventario. Si no, se impone una multa fija de $5,000. Y si una propiedad que ya había sido declarada estorbo público se declara nuevamente como estorbo en un caso posterior, se impone otra multa fija de $5,000.
Estas multas son independientes entre sí, y toda multa advierte del derecho a solicitar revisión judicial dentro de 20 días.
Cita legal: Reglamento Arts. 12, 19 · Art. 1.009 · Art. 1.050
Los costos y el gravamen sobre la propiedad
Cuando el propietario no elimina la condición de estorbo dentro de los 60 días, el municipio interviene a su costo. Tiene derecho a reclamar todos los gastos incurridos en la limpieza o eliminación de la condición, más los gastos del procedimiento de declaración, más el Interés Legal que corre a partir de esos 60 días. El reglamento de Arecibo no fija una tabla de costos: se cobran los gastos reales de cada gestión.
La suma de esos gastos —junto con las multas no pagadas— constituye un gravamen sobre la propiedad equivalente a una hipoteca legal tácita, con el mismo carácter de prioridad que una deuda contributiva. El gravamen se hace constar mediante instancia en el Registro de la Propiedad.
Mientras haya sumas adeudadas por las reparaciones, mejoras o limpiezas del municipio, el municipio deniega cualquier permiso, endoso, certificación o autorización municipal que se requiera para usar o desarrollar la propiedad. La restricción se levanta cuando se paga lo adeudado. Si después de 60 días las gestiones de cobro resultan infructuosas, el municipio puede presentar la acción judicial para el cobro y la ejecución de la propiedad, y su venta en pública subasta.
Cita legal: Reglamento Art. 11 · Art. 4.010
Cómo el municipio adquiere y dispone
La declaración de estorbo público le permite al municipio rotular la propiedad, tasarla, solicitar al CRIM la certificación de deuda, y expropiar el inmueble por motivo de necesidad y utilidad pública (Artículo 13). Cuando la propiedad tiene deudas con el CRIM, esa cantidad se resta del valor de tasación al calcular la justa compensación; una vez transferida la titularidad al municipio, la deuda con el CRIM se cancela en su totalidad.
El municipio mantiene un Inventario de Propiedades Declaradas como Estorbo Público (Artículo 14), disponible en la Oficina y en la página de internet del municipio, con la localización, descripción registral, número de catastro, datos del dueño y valor de tasación de cada propiedad.
La intención de adquirir (Artículo 15). Las propiedades del inventario pueden expropiarse para transferirlas a una persona dispuesta a adquirirlas para reconstruirlas, restaurarlas o edificar de nuevo. El proceso:
- La persona interesada notifica al municipio su intención de adquirir un inmueble del inventario.
- Suministra el valor de tasación más un 10% para las costas del procedimiento (estudio de título, tasación, emplazamiento, gastos notariales, inscripción), y cubre cualquier diferencia que el tribunal determine.
- El municipio radica la demanda de expropiación conforme a la Regla 58 de Procedimiento Civil y, tras la sentencia, le transfiere la titularidad al adquirente, siempre que este no adeude ninguna suma.
El reglamento incluye una regla de conflicto de interés: los representantes autorizados del municipio que participaron en el proceso que culminó con la declaración no pueden adquirir esas propiedades expropiadas. Si no se concreta una venta, o no hay persona con interés, la propiedad se suma a un inventario para venderse en subasta pública conforme al Código Municipal.
Propiedades sin dueño ni herederos (Artículo 16). Cuando un estorbo declarado no tiene dueño vivo ni herederos, aplica la herencia ab intestato del Artículo 1727 del Código Civil; el municipio notifica a la Universidad de Puerto Rico, que tiene cinco meses para expresar su falta de interés institucional. Si hay herederos que no reclaman en diez años, la propiedad se adjudica al municipio.
Retracto convencional (Artículo 17). Si el adquirente no rehabilita la propiedad dentro del año siguiente a la transferencia de la titularidad, el municipio puede ejercer la acción de retracto convencional conforme al Código Civil y recuperarla.
Para entender el proceso de adquisición en detalle, lee cómo adquirir una propiedad declarada estorbo público y la guía sobre la carta de intención.
Cita legal: Reglamento Arts. 13, 14, 15, 16, 17 · Art. 4.010 · Art. 4.011 · Art. 4.012 · Art. 4.014 · Art. 1727 del Código Civil · Regla 58
Estructuras históricas y centros urbanos
El Artículo 18 del reglamento protege el patrimonio construido de Arecibo con dos excepciones:
Zonas y monumentos históricos. Los edificios y estructuras ubicados en zonas históricas, declaradas zona o monumento histórico por el Instituto de Cultura Puertorriqueña, no pueden ser demolidos. El municipio debe cumplir con toda la reglamentación vigente y aplicable.
Centros urbanos tradicionales. Si el municipio considera demoler una estructura ubicada en un centro urbano, debe evaluarla de forma integrada, tomando en cuenta su valor histórico, cultural, arquitectónico y económico. Las recomendaciones de ese informe son vinculantes para determinar qué actuaciones se toman sobre la estructura.
Estas reglas reconocen que, en una ciudad con el patrimonio arquitectónico de Arecibo, eliminar un estorbo no siempre significa demoler: muchas veces significa rehabilitar.
Cita legal: Reglamento Art. 18
Qué hace estorbos.com en el caso de Arecibo
Estorbos.com documenta las propiedades de Arecibo en distintas etapas del proceso (identificadas, en trámite, declaradas y vendidas), junto con los reportes ciudadanos sobre propiedades abandonadas que aún no han entrado al proceso formal.
Para el caso de Arecibo en particular:
- La obligación de identificar las propiedades que puedan declararse estorbo recae en el municipio, pero cualquier persona puede reportarlas. Los reportes ciudadanos en estorbos.com complementan el trabajo de identificación de la Oficina de Manejo y Erradicación de Estorbos Públicos.
- Cuando una propiedad está en el inventario y se puede adquirir bajo el Artículo 15, el comprador potencial radica una carta de intención directamente con el municipio.
- Mostramos en qué etapa está cada propiedad, desde la identificación hasta la disposición.
Para ver el inventario actual de Arecibo y participar en el proceso, visita la página del Municipio de Arecibo.
Cita legal: Reglamento Arts. 9, 14, 15
On February 9, 2024, the Municipal Legislature of Arecibo approved Ordinance No. 29, Series 2023-2024, signed by Mayor Hon. Carlos R. Ramírez Irizarry on February 13, 2024. The ordinance repealed Arecibo's 2021-2022 nuisance ordinance and adopted the Regulation for the Declaration of Public Nuisances of the Autonomous Municipality of Arecibo. This guide explains the process step by step.
What Ordinance No. 29 establishes
Ordinance No. 29, Series 2023-2024 (P. de O. No. 85) was approved by the Municipal Legislature of Arecibo on February 9, 2024, with 12 votes in favor, 2 against, and 1 legislator excused, and signed by Mayor Hon. Carlos R. Ramírez Irizarry on February 13, 2024. It repealed Ordinance No. 1, Series 2021-2022, and adopted the Regulation for the Declaration of Public Nuisances.
The regulation creates the framework for the Public Nuisance Management and Administration Program, run through the Public Nuisance Management and Eradication Office. It defines what a public nuisance is, how it is identified, how the owner is notified, the administrative hearing, the declaration, the fines, and the expropriation and disposition tracks.
A point of dates matters: Ordinance No. 29 was approved in February 2024, before Law 114-2024, which took effect on July 29, 2024 and amended the Municipal Code. That is why Arecibo's regulation does not incorporate the summary expropriation procedure of Article 4.012A — which Law 114-2024 created — or a monthly fine ladder; it was built on the Municipal Code as it stood then.
Legal cite: Ordinance No. 29 (Series 2023-2024) · Regulation Art. 1 · Law 107-2020
The laws behind the regulation
Arecibo's public nuisance regulation rests on:
Law 107-2020 (Puerto Rico Municipal Code). Book IV, Chapter II (Articles 4.007 and following) establishes the general framework for community restoration: identification, hearing before an Examining Officer, public nuisance declaration, expropriation, and conventional retraction. Article 1.009 recognizes the municipality's power to impose administrative fines; Articles 1.050 and 4.013 govern judicial review.
Law 38-2017 (Uniform Administrative Procedure Act). The regulation is also promulgated under the LPAU, which governs the government's administrative procedures.
Civil Code (Law 55-2020). It provides the definitions of property, and governs inheritance when there are no heirs (Article 1727) and conventional retraction.
The regulation was adopted in February 2024, so it reflects the Municipal Code before the amendments of Law 114-2024. It therefore does not cite the summary procedure of Article 4.012A or the powers that law added.
Legal cite: Regulation Art. 1 · Art. 4.007 · Art. 1.009 · Art. 1.050 · Art. 4.013 · Law 107-2020 · Law 38-2017 · Civil Code
The process step by step
Article 9 of the regulation structures the identification and declaration process.
1. Identification and investigation. The Public Nuisance Management and Eradication Office conducts studies to identify properties that, by their conditions, should be classified as a public nuisance. For each identified case, a case file with a case number is opened, with photographs and the study documentation. An authorized representative can enter to inspect, without violating rights and causing the least possible inconvenience.
2. Owner investigation. If the property has the elements of a nuisance, the Office investigates in the Property Registry, CRIM, or by any reasonable means, to determine who the owner or party with interest is and their address.
3. Notification of intent to declare. The Office notifies the respondents of the municipality's intent to declare the property a public nuisance, and informs them of the right to oppose and to request a hearing before an Examining Officer. The respondent has a term of 20 days to oppose.
4. Hearing or declaration. If the respondent requests a hearing, it is held before an Examining Officer (see the next section). If they do not oppose within the 20 days, the municipality may declare the property a public nuisance without further citing or hearing them.
5. Final declaration and cure window. The municipality, through the Director, declares the property a public nuisance by Resolution. From notification, the owner has 60 days to clean or carry out the necessary works. If they do not, the municipality intervenes at its cost and claims the expenses.
Legal cite: Regulation Arts. 9, 10, 11 · Art. 4.008 · Art. 4.010
How Arecibo notifies you
Article 9 of the regulation establishes how the intent to declare a property a public nuisance is notified. The notification must substantially comply with Rule 4 of Civil Procedure, and can be done three ways:
- By personal delivery, with a signed record of the date, place, and person who received the notification.
- By certified mail with return receipt and restricted delivery, to the last known address the municipality has.
- By edict, when the whereabouts of the owner or party with interest are unknown. After certifying in writing that reasonable efforts were unsuccessful, notices are published in one (1) printed newspaper of general or regional circulation and one (1) digital one, with no prior judicial order. A single notice can include several properties.
The notification informs of the right to oppose and to request an administrative hearing before an Examining Officer, within the term of 20 days from receipt of the notification or publication of the edict.
Legal cite: Regulation Art. 9 · Rule 4 of Civil Procedure
The administrative hearing
If the respondent requests a hearing, it is held before an Examining Officer — a licensed attorney or engineer — designated by the Office. If the municipality does not have one, it can contract one or enter into a collaboration agreement with another municipality.
When the respondent requests the hearing, the date is notified to them within 60 days of receiving the request. The hearing notification is made with no less than 10 days of advance notice. The hearing is not suspended except for just cause, requested in writing at least 5 days before; the Examining Officer can order payment of $45 for rescheduling a hearing when warranted.
The Examining Officer evaluates the evidence and issues an Order with one of three outcomes:
- Closure and filing. The property should not be declared a nuisance; the process concludes.
- Repair, cleanup or maintenance. The property is a nuisance but can be repaired: the works are ordered within a reasonable term no longer than 30 days, with extensions that together do not exceed one (1) year.
- Demolition. The property is a nuisance and cannot be repaired because of its state of ruin: demolition and cleanup are ordered within a term no longer than 30 days, with a possible extension of three months.
The Order states the filing date in the record; from the mailing date of the notification, 20 days run to request judicial review before the Court of First Instance.
Legal cite: Regulation Art. 10 · Art. 4.009 · Art. 1.050 · Art. 4.013
The fines
Arecibo's regulation does not use a monthly fine ladder. It has a simpler structure, with two moments.
Administrative fines before the declaration (Art. 19). When a property has the conditions of Article 8, the Municipal and Auxiliary Police, the State Police, the inspectors of the Permits Office, and persons designated by the municipality can issue a demand-and-warning ticket, which gives 10 days to comply. If it is not met within that term and no just cause is shown, an administrative-violation ticket of $500 is issued. From that fine, each additional day of non-compliance is an additional violation, with a fine per day, up to a maximum of 10 additional days.
Fine after the declaration (Art. 12). Once the Order's term expires, the Office inspects the property. If the nuisance condition was satisfactorily eliminated, the property leaves the inventory. If not, a flat $5,000 fine is imposed. And if a property already declared a public nuisance is declared a nuisance again in a later case, another flat $5,000 fine is imposed.
These fines are independent of each other, and every fine advises of the right to request judicial review within 20 days.
Legal cite: Regulation Arts. 12, 19 · Art. 1.009 · Art. 1.050
Costs and the lien on the property
When the owner does not eliminate the nuisance condition within the 60 days, the municipality intervenes at its cost. It has the right to claim all costs incurred in the cleanup or elimination of the condition, plus the costs of the declaration procedure, plus the Legal Interest that runs from those 60 days. Arecibo's regulation does not set a cost schedule: the actual costs of each action are charged.
The sum of those costs — together with unpaid fines — constitutes a lien on the property equivalent to a tacit statutory mortgage, with the same priority as a tax debt. The lien is recorded by filing in the Property Registry.
While there are amounts owed for the municipality's repairs, improvements or cleanups, the municipality denies any municipal permit, endorsement, certification or authorization required to use or develop the property. The restriction is lifted when the amount owed is paid. If after 60 days the collection efforts are unsuccessful, the municipality can file the judicial action to collect and execute on the property, and sell it at public auction.
Legal cite: Regulation Art. 11 · Art. 4.010
How the municipality acquires and disposes
The public nuisance declaration lets the municipality label the property, appraise it, request the debt certification from CRIM, and expropriate the property for reasons of necessity and public utility (Article 13). When the property has CRIM debts, that amount is subtracted from the appraised value when calculating just compensation; once title transfers to the municipality, the CRIM debt is cancelled in full.
The municipality maintains an Inventory of Properties Declared Public Nuisance (Article 14), available at the Office and on the municipality's website, with the location, registry description, cadastral number, owner information, and appraised value of each property.
The intent to acquire (Article 15). Inventory properties can be expropriated to transfer them to a person willing to acquire them to reconstruct, restore, or build anew. The process:
- The interested person notifies the municipality of their intent to acquire a property from the inventory.
- They supply the appraised value plus 10% for the procedure costs (title study, appraisal, service of process, notarial fees, inscription), and cover any difference the court determines.
- The municipality files the expropriation suit under Rule 58 of Civil Procedure and, after the judgment, transfers title to the acquirer, provided they owe no amount.
The regulation includes a conflict-of-interest rule: authorized municipal representatives who participated in the process that ended in the declaration cannot acquire those expropriated properties. If a sale does not materialize, or there is no party with interest, the property is added to an inventory to be sold at public auction in accordance with the Municipal Code.
Properties with no owner or heirs (Article 16). When a declared nuisance has no living owner and no heirs, the intestate inheritance of Article 1727 of the Civil Code applies; the municipality notifies the University of Puerto Rico, which has five months to state its lack of institutional interest. If there are heirs who do not claim within ten years, the property is adjudicated to the municipality.
Conventional retraction (Article 17). If the acquirer does not rehabilitate the property within the year following the title transfer, the municipality can exercise the action of conventional retraction under the Civil Code and recover it.
To understand the acquisition process in detail, read how to acquire a property declared a public nuisance and the guide on the letter of intent.
Legal cite: Regulation Arts. 13, 14, 15, 16, 17 · Art. 4.010 · Art. 4.011 · Art. 4.012 · Art. 4.014 · Art. 1727 of the Civil Code · Rule 58
Historic structures and urban centers
Article 18 of the regulation protects Arecibo's built heritage with two exceptions:
Historic zones and monuments. Buildings and structures located in historic zones, declared a historic zone or monument by the Institute of Puerto Rican Culture, cannot be demolished. The municipality must comply with all current and applicable regulation.
Traditional urban centers. If the municipality considers demolishing a structure located in an urban center, it must evaluate it in an integrated way, taking into account its historic, cultural, architectural and economic value. The recommendations of that report are binding for determining what actions are taken on the structure.
These rules recognize that, in a city with Arecibo's architectural heritage, eliminating a nuisance does not always mean demolishing — often it means rehabilitating.
Legal cite: Regulation Art. 18
What estorbos.com does in Arecibo's case
Estorbos.com documents Arecibo's properties at various stages of the process (identified, in process, declared, and sold), along with citizen reports about abandoned properties that have not yet entered the formal process.
For Arecibo specifically:
- The obligation to identify properties that may be declared a nuisance falls on the municipality, but anyone can report them. Citizen reports on estorbos.com complement the identification work of the Public Nuisance Management and Eradication Office.
- When a property is in the inventory and can be acquired under Article 15, the potential buyer files a letter of intent directly with the municipality.
- We show what stage each property is in, from identification to disposition.
To see Arecibo's current inventory and participate in the process, visit the Municipality of Arecibo page.
Legal cite: Regulation Arts. 9, 14, 15